Ciudad de México. Este mes vence el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que desde hace ocho años cuatro meses asumió la investigación del Caso Ayotzinapa como parte coadyuvante de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y tres asesinados en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Y hoy, martes 25, presentan su VI y último informe. Ya lo anunciaron: se retiran de la investigación y no buscarán ampliar el plazo de su gestión.

Este grupo, implementado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición de las familias de las víctimas, fue un mecanismo sin precedente en el sistema de la OEA, con facultades para realizar una investigación del orden penal en México. Desde el inicio, según docmentos militares revelados a lo largo de los trabajos, enfrentó la animadversión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que consideró que el convenio “no se negoció con el cuidado requerido”, lo que dio pie a que el GIEI hiciera “reclamos absurdos” y “creara controversias”.

Por el contrario, desde el primer momento que tuvieron un encuentro cara a cara con los padres y compañeros de los 43 desaparecidos en la Escuela Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, se ganaron la confianza de este colectivo que atravesaba momentos de desesperación y desconfianza.

A lo largo de los 100 meses transcurridos, solo cuatro años han sido de trabajo efectivo, ya que al finalizar su primer año y publicar su demoledor segundo informe, el gobierno de Enrique Peña Nieto los expulsó del país.

Transcurrieron cuatro años de obscuridad y parálisis para el caso Ayotzinapa. Se perdió mucho tiempo; se extraviaron pistas y evidencias. El colectivo de familiares y amigos de Ayotizinapa continuó, año tras año, exigiendo verdad y justicia a pesar de la cerrazón de las autoridades peñanietistas, que persistieron en su versión de la hoguera de Cocula.

En la actual administración, por petición de las familias al presidente Andrés Manuel López Obrador, se renovó el mandato. En marzo de 2020, cuando estaban a punto de reanudar, se atravesó la pandemia. Transurrieron dos años más para que el GIEI, ya con solo cuatro integrantes, no los cinco iniciales, pudiera regresar a México.

Tras enfrentar dos crisis el año pasado, con la Fiscalía General de la República y con la Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj), el GIEI prevaleció un semestre mas, profundizando en nuevos lotes de información, pugnando por romper bloqueos y ocultamientos y analizando nuevamente todo el inmenso expediente bajo las nuevas luces de la documentación desclasificada.

Hasta hoy. Dejan en México importantes logros para las víctimas. Por un lado, al demoler la versión de la incineración de todos los cuerpos, impidieron que se consolidara un relato oficial, falso, que hubiera detenido desde el principio la búsqueda de los normalistas. Demostraron que el ejército no fue ajeno a los hechos de Iguala. Y por último, allanaron el camino para que el ex procurador Jesús Murillo Karam y 10 militares (faltan seis) fueran encarcelados y juzgados.

Lo que no lograron fue que la Secretaría de Defensa Nacional abra el candado que aun mantiene en secreto piezas fundamentales de la investigación y, sobretodo, para la localización de los detenidos.

“Díganos siempre la verdad”

Dos meses después del ataque a los estudiantes de Aytozinapa en Iguala, el entonces procurador pretendió cerrar el caso como “homicidio”, eludiendo la clasificación de desaparición forzada (7 de noviembre 2014). Aseguró que todos los muchachos habían sido asesinados e incinerados en una hoguera en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas a un río cercano. No quedaba ni rastro. Caso resuelto, fin de la búsqueda.

Las familias de esos muchachos, mas otros tres que fueron asesinados en esos hechos, se inconformaron y recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los cinco expertos llegaron a México en marzo del 2015. Eran: los colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, el chileno Francisco Cox y el español Carlos Beristain. Viajaron a la Normal Rural Ayotzinapa para presentarse con los padres y compañeros de los desaparecidos. Ahí les hicieron una súplica que hasta la fecha sigue siendo el eje de su actuación: “Díganos siempre la verdad, no nos mientan”.

En su primera presentación ante la prensa (19 de marzo de 2015) establecieron las primeras líneas. Recomendaron que la investigación penal se hiciera sobre la premisa de la desaparición forzada, no “homicidio”. Exhortaron a que se concentraran todas las carpetas de la averiguación, dispersas en al menos cinco estados. Y pidieron que se les diera acceso para interrogar a militares del 27 Batallón en Iguala. Su solicitud fue rechazada por las autoridades civiles y militares como “absurda”.

Primer informe

El primer informe del GIEI se dio el 6 de septiembre. Peña Nieto entraba a la mitad de su sexenio con una grave crisis de credibilidad, precisamente por el Caso Ayotzinapza. Los primeros hallazgos del grupo cayeron como bomba de demolición sobre lo que Murillo Karam había bautizado como “verdad histórica”. Con nuevos peritajes y evidencia científica, apoyados entre otros por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se descartó el relato de que todos los muchachos habían sido asesinados a orillas del basurero de Cocula y arrojados a una hoguera hasta quedar totalmente calcinados. También se demostró que la versión de que arrojaron en el cercano río San Juan las cenizas y que encontraron un solo hueso en la orilla fue un montaje.

Se puso en evidencia de que en la construcción de los hechos la PGR solo situó cuatro autobuses en el lugar de los hechos. Hubo un quinto autobús (Estrella Roja 153). Los estudiantes que iban en este último, y otro mas, están desaparecidos.

Pero sobre todo insitieron en que el caso debía investigarse en el contexto de la complicidad del crimen organizado local (Guerreros Unidos) con todas las corporaciones de seguridad locales, los militares y autoridades municipales. La famosa “conexión Iguala-Chicago” del tráfico de heroína (derivados de los grandes plantíos de amapola en la región).

Esta impactante información desató un coro de ataques y descalificaciones periodísticas entre los opinadores cercanos al gobierno. Años después se conoció el origen de esta embestida. Entre los documentos militares a los que se tuvo acceso, en la SEDENA se recomienda “filtrar” distintas líneas discursivas para descalificar el trabajo de la GIEI.

A las pocas semanas el procurador general fue removido del cargo.

Segundo informe

El 24 de abril el GIEI amplió sus hallazgos: documentó con pruebas que hubo una “coordinación perfecta” entre todas las corporaciones presentes, incluidas policías municipales de Huitzuco, Cocula e Iguala, el ejército y policías estatales y federales, para impedir que saliera de la ciudad alguno de los autobuses atacados, lo que refuerza la tesis de la colusión de autoridades con el tráfico de droga vía autobuses de línea; documentó que las declaraciones de los detenidos que hablaron de la incineración en la hoguera fueron obtenidas, todas, bajo tortura; presentaron evidencias de cómo, bajo la coordinación del jefe de Averiguaciones Previas Tomás Zerón, se “fabricó” la prueba del hueso encontrado en el Río San Juan, que según periciales científicas de ADN realizadas en Innsbruck resultaron ser de uno de los normalistas, Alex Mora. Otros dos se identificaron posteriormente: Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero. Y se comprobó que los 43 estudiantes fueron separados. A uno de estos grupos, de 11 muchachos, los llevaron a la barandilla de la policía municipal. Ese dato se ocultó. Estos 11 forman parte de los 43 desaparecidos.

A partir de ese momento, el gobierno de Peña Nieto se negó a renovar el mandato del GIEI.

Tercer Informe

Se presentó el 28 de marzo del año pasado. Hay nuevas luces por los documentos desclasificados, si bien son insuficientes. Se describen las tareas del Centro Regional de Inteligencia (Cerfi) –cuya existencia durante años se negó—que monitoreaba las actividades del crimen organizado (sin detenerlas) y los movimientos de los estudiantes de Ayotzinapa, a los que consideraba subversivos. Se ubican documentos con información relevante que el Ejército nunca compartió con otros entes investigadores. Con toda esta información omitida previamente, se pueden determinar actividades de espionaje a los estudiantes, presencia de militares y marinos en todas las escenas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y posteriormente en Cocula y Río San Juan. Por primera vez se conoce el papel preponderante que jugó la Marina en esos escenarios y en el operativo de encubrimiento. Todo esto “contribuyó a impedir el completo esclarecimiento de los hechos”.

Recta Final: IV y V informe

En la recta final del trabajo del GIEI, los meses de agosto, septiembre y octubre del 2022, fueron claves en el curso de las investigaciones. El 18 de agosto la Covaj presentó sus conclusiones: reconoció que lo sucedido en Iguala fue “un crimen de Estado” y que “hubo un encubrimiento al más alto nivel”.

El subsecretario Encinas presentó pantallazos de WhatsApp con comunicaciones entre autoridades (varios militares incluidos) y grupos criminales. La información, que no fue compartida ni con el fiscal Omar Trejo, mucho menos con el GIEI, arrojaba que algunos normalistas seguían vivos después del 27 de septiembre y que habían sido llevados a distintos sitios.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero anunció 83 órdenes de aprehensión, incluidos 16 militares, solo para que fueran canceladas al poco tiempo.

En este contexto, el GIEI presentó su cuarto informe en el que, de entrada, desechó los pantallazos como pruebas válidas porque “no se puede determinar mediante el estudio de los metadatos de los ficheros su autenticidad, ni es posible identificar el tipo de dispositivo”. Además, denunció la “intromisión indebida” de Gertz Manero. Al interferir, la FGR se puso en riesgo la consolidación de un caso firme contra Murillo Karam y, al pasar los procesos de las 21 órdenes de aprehensión a un juez que no conocía el expediente, facilitó su cancelaron. Se beneficiaron de esta falla 10 soldados del 27 batallón que estuvieron en la noche de los hechos en las escenas del crimen, dirigidos por el capitán José Martínez Crespo y el teniente Alejandro Pirita, por orden del entonces coronel José Rodríguez.

Denunciaron además que desde agosto a la UEILCA se le privó de todos los policías que le habían sido asignados. El titular de la UEILCA Omar Gómez Trejo se vio obligado a renunciar.

Por todo ello, dos integrantes del GIEI, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, se retiraron de la investigación.

En marzo del 2023, el GIEI presentó su quinto informe. Denunciaron nuevamente obstrucción de la investigación y ocultamiento deliberado de información “crítica” por parte de mandos del Ejército a pesar de las órdenes expresas del presidente de “abrir todo”.

Por ejemplo, siguen negando la existencia de transcripciones de comunicaciones entre crimen organizado y autoridades, cruciales para dar con el paradero de los muchachos. Sedena sostiene que “no se realizan interceptaciones telefónicas ni monitoreos”.

La pieza faltante sobre la gestión del GIEI en México se conocerá hoy. Queda en el aire la pregunta si al final del camino prevalecerá un relato incompleto, con vacíos y silencios, o si aflorará toda la verdad sobre lo que sucedió con los 43 muchachos de Ayotzinapa. Toca ahora a las madres y padres de los normalistas, y a sus defensores en los Centros Tlachinollan y Pro Juárez recorrer el resto de la ruta sin el respaldo de Buitrago y Beristain.