Madrid. El gobierno en funciones, presidido por el socialista Pedro Sánchez, celebró su último consejo de ministros antes de anunciar que se iban de vacaciones y que a lo largo de las próximas semanas habrá contactos, pero sin prisa, para ver las fórmulas posibles de una nueva investidura y que permita la reelección de la actual coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar (que absorbió a Podemos y a otros 14 partidos de izquierda). Pero tanto desde el PSOE como desde el gobierno se recalcó que no incluirán en las negociaciones con los nacionalistas catalanes ni la amnistía a los políticos perseguidos penalmente por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia del 2017 ni la del reconocimiento del derecho de autodeterminación a través de un referendo vinculante. Unas exigencias vitales para una parte del independentismo, sobre todo para Junts per Catalunya (JxCat), que tiene la llave de la gobernabilidad en España.
El PSOE, con 122 diputados y segunda fuerza, tiene ya garantizada su alianza con Sumar, cuarta plaza y 31 escaños. En conjunto suman 153 diputados, muy lejos de los 176 de la mayoría absoluta para sacar adelante una investidura. De ahí que todos miran con interés los pasos que se dan de cara a una negociación con el indepedentismo catalán, sobre todo con el más reacio a apoyar a Sánchez, es decir, JxCat, liderado desde Bruselas por el ex presidente catalán Carles Puigdemont, residente en Bélgica desde octubre del 2017, sólo unos días después del referendo y el intento de secesión y que todavía tiene abiertas varias causas penales ante la justicia española.
La futura coalición de gobierno presidido por Sánchez tiene garantizado el apoyo de varios grupos, entre ellos el de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH-Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bloque Nacionalista Galego (BNG), pero ni aún con esos apoyos tiene suficiente, al sumar 172, con lo que sería imprescindible el voto a favor de JxCAT para alcanzar la mayoría absoluta o la abstención para la mayoría simple, que permitiría la investidura en una tercera votación.
De ahí que la llave de la gobernabilidad la tenga precisamente Puigdemont y el resto de dirigentes de JxCat, la formación política heredera del nacionalismo conservador de Convergencia i Unió, que tuvo su momento más álgido durante los gobiernos del ex presidente Jordi Pujol, hoy perseguido por la justicia por numerosas causas de corrupción, nepotismo y abuso de poder. Fuentes extraoficiales tanto del partido catalán como del propio gobierno sostienen que ya se iniciaron los contactos entre ambos, de hecho uno de los primeros emisarios por parte de la futura coalición ya es público, se trata del ex diputado de Podemos Jaume Asens, antes hombre fuerte en Madrid de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pero nada ha trascendido aún del sentido de las conversaciones.
El calendario del PSOE y del gobierno está abierto; de hecho tras anunciar que celebraban el último consejo de ministros antes de irse de vacaciones informaron que probablemente, alrededor del 17 de agosto, habrá contactos firmes. Pero, eso sí, advirtió la vocera del Ejecutivo y ministra Isabel Rodríguez:“Si algo ha quedado demostrado en estos años de Gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña como en el conjunto de España solo cabe el marco constitucional. Y, también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también en Cataluña”. Una postura que fue refrendada por la ministra de Hacienda y vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, que explicó que “somos un partido constitucionalista, así que todo tiene que estar en el marco constitucional”.
Desde el País Vasco, EH-Bildu ya confirmó su apoyo para evitar la formación de un gobierno “reaccionario” o de una repetición electoral, mientras que el PNV está con buena predisposición para negociar con el PSOE, al tiempo que le cerró la puerta al derechista Partido Popular (PP), la más votada en los comicios con 136 diputados, a cualquier tipo de alianza.
La clave catalana para frenat al fascismo
En las elecciones del pasado domingo, una buena parte del electorado las asumió como un momento histórico para frenar en seco el avance del fascismo, expresado a través del partido de extrema derecha Vox, que de haber logrado el bloque de la derecha la mayoría absoluta se habría convertido en el socio de gobierno del PP. Vox no sólo perdió votos y escaños, al pasar de 52 a 33 diputados, sino que además se quedó sin ningún margen de influencia para la formación del gobierno. Y una de las claves, sino la clave estratégica y crucial, fue la forma en la que se votó en Cataluña, donde se registró una afluencia masiva de papeletas para el PSOE y para Sumar, con lo que lograron mantener el pulso al PP y Vox. De ahí que los socialistas catalanes se dispararon de 12 a 19 escaños con 1,2 millones de votos, 418 mil más que en 2019. Sumar fue la segunda fuerza electoral de la región y logró siete diputados, mientras que ERC perdió casi la mitad de sus escaños y votos ―cayó de 13 a siete escaños y pasó de 875 mil votantes a 463 mil―, Junts logró siete diputados, con lo que perdió uno, y la CUP no repitió los dos escaños de la legislatura pasada.
Esta votación masiva al PSOE y a Sumar fue uno de los acicates más importantes para frenar el avance de la derecha, al mismo tiempo que supuso volver a poner en la primera línea de la agenda política española las históricas reivindicaciones del pueblo catalán: celebrar un referendo de autodeterminación. De ahí que todos, aunque con posturas ahora mismo enfrentadas, son más partidarios de acercar posiciones antes que llegar a un bloqueo institucional que obligue a una repetición electoral para finales de año, que sería también una nueva oportunidad del bloque de la derecha para desalojar del poder a la actual coalición de izquierdas.
