Nuevo Laredo, Tam. Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron este fin de semana al ex militar José María “N”, quien contaba con una Orden de Aprehensión por los delitos de homicidio en agravio del neolaredense Javier Flores del Ángel, así como por lesiones y detención ilegal de Daniel Alfonso, José Luis Luna y Osvaldo Misael.

La orden de aprehensión en contra de este militar fue autorizada el 16 de julio del 2022 por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reynosa, Tamaulipas dentro de la Causa Penal 379/2021. Otro militar acusado por los mismos delitos se encuentra actualmente prófugo, se trata de Ranulfo Citalán Martínez, ambos soldados pertenecían al 16º Regimiento de Caballería Motorizada, dio a conocer el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a través de un comunicado de prensa.

La ejecución extrajudicial de Javier Flores del Ángel, así como las lesiones que sufrieron tres víctimas sobrevivientes de nombres Daniel Alfonso, José Luis y Oswaldo Misael, ocurrieron la noche del domingo 7 de febrero del 2021 en el crucero de Cerro de la Silla y Cerro de las Águilas, del fraccionamiento Colinas del Sur en Nuevo Laredo.

Inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional “anunció” el abatimiento de una persona del sexo masculino y la detención de otros tres “cómplices” pertenecientes al crimen organizado que habrían agredido a personal militar con armas de fuego, cuando en realidad los jóvenes habrían salido a comprar cerveza a un negocio cercano.

Sin embargo, evidencias obtenidas por sus abogados, las declaraciones de los testigos sobrevivientes y peritajes de la Fiscalía General de la República demostraron que los militares del XVI Regimiento de Caballería Motorizada habrían falseado la información oficial, sembraron evidencias y cayeron en contradicciones, ordenando un Juez de Control la liberación de los detenidos y el inicio de una Carpeta de Investigación en contra del personal militar.

En octubre del 2021, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Eber Josué Gutiérrez Moreno habría imputado los delitos de homicidio, lesiones y detención ilegal dentro de la Carpeta de Investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000276/2021. En respuesta, funcionarios de la Dirección Jurídica de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) demoraron dolosamente poner a disposición de la autoridad judicial a los dos militares acusados de homicidio, permitiendo con ello que desertaran para evitar ser detenidos por agentes de la FGR.

Se espera que el militar detenido José María “N” sea trasladado a la frontera de Reynosa, Tamaulipas, para ingresarlo al Centro de Justicia Penal Federal, Tamaulipas y enfrente las imputaciones que hace en su contra la Fiscalía General de la República.

A pesar que las investigaciones de la Fiscalía General de la República permitieron ubicar a los militares José María “N” y Ranulfo “N” como los soldados que dispararon sus armas en contra de los cuatro jóvenes que se trasladaban en un automóvil tipo Honda, el comandante responsable del operativo, el Teniente de Caballería Alejandro Morales Leyva nunca fue imputado por el delito de encubrimiento.

Este militar habría sido quien ordenó a los soldados bajo su mando sembrarles un fusil tipo AR-15 y varios cargadores para justificar la supuesta agresión que fueron objeto, así como de negarles atención médica a la víctima mortal y a los tres jóvenes sobrevivientes. También el teniente Leyva aseguró a la FGR mediante un Informe Policial Homologado que las víctimas los habrían agredido con armas de fuego, información que al final de las investigaciones resultó falsa.

De acuerdo con versiones periodísticas, el 27 septiembre del 2020 el teniente de Caballería, Alejandro Morales Leyva estuvo involucrado en la muerte “accidental” del cabo Leonel Felipe Pérez García, quien habría recibido un disparo por la espalda cuando realizaba patrullajes terrestres en un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 71VG/2022, de fecha 30 de septiembre del mismo año, cuyo seguimiento y cumplimiento desconocen las víctimas y sus familiares, pues hasta la fecha no han recibido la indemnización correspondiente.

Por su parte, la familia de la víctima se encuentra satisfecha por la detención de este soldado y aunque tienen cierto temor y dudas de la aplicación de la justicia en México, confían en que un Juez de Control encuentren elementos suficientes para vincularlo a proceso y que haya una sentencia condenatoria, ejemplar.