Ciudad de México. Este mes vence el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que desde hace ocho años cuatro meses asumió la investigación del Caso Ayotzinapa como parte coadyuvante de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y tres asesinados en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Y este martes 25 presentan su VI y último informe. Ya lo anunciaron: se retiran de la investigación y no buscarán ampliar el plazo de su gestión.
Este grupo, implementado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue un mecanismo sin precedente en el sistema de la OEA, con facultades para realizar una investigación del orden penal en México. Desde el inicio, según documentos militares revelados a lo largo de los trabajos, enfrentó la animadversión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que consideró que el convenio “no se negoció con el cuidado requerido”, lo que dio pie a que el GIEI hiciera “reclamos absurdos” y “creara controversias”.
Por el contrario, desde el primer encuentro cara a cara con los padres y compañeros de los 43 desaparecidos en la Escuela Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, se ganaron la confianza de este colectivo que atravesaba momentos de desesperación y desconfianza.
A lo largo de los 100 meses transcurridos, solo cuatro años han sido de trabajo efectivo, ya que al finalizar su primer año y publicar su demoledor segundo informe, el gobierno de Enrique Peña Nieto los expulsó del país.
Transcurrieron cuatro años de parálisis para el caso Ayotzinapa. Se perdió mucho tiempo; se extraviaron pistas y evidencias. El colectivo de familiares y amigos de Ayotizinapa continuó, año tras año, exigiendo verdad y justicia a pesar de la cerrazón de las autoridades peñanietistas, que persistieron en su versión de la hoguera de Cocula.
En la actual administración, por petición de las familias al presidente Andrés Manuel López Obrador, se renovó el mandato. En marzo de 2020, cuando estaban a punto de reanudar, se atravesó la pandemia. Transurrieron dos años más para que el GIEI, ya con solo cuatro integrantes, no los cinco iniciales, pudiera regresar a México.
Tras enfrentar dos crisis el año pasado, con la Fiscalía General de la República y con la Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj), el GIEI prevaleció un semestre mas, profundizando en nuevos lotes de información, pugnando por romper bloqueos y ocultamientos y analizando nuevamente todo el inmenso expediente bajo las nuevas luces de la documentación desclasificada.
Hasta hoy. Dejan en México importantes logros para las víctimas. Por un lado, al demoler la versión de la incineración de todos los cuerpos, impidieron que se consolidara un relato oficial, falso, que hubiera detenido desde el principio la búsqueda de los normalistas. Demostraron que el ejército no fue ajeno a los hechos de Iguala. Y por último, allanaron el camino para que el ex procurador Jesús Murillo Karam y 10 militares (faltan seis) fueran encarcelados y juzgados.
Lo que no lograron fue que la Secretaría de Defensa Nacional abra el candado que aun mantiene en secreto piezas fundamentales de la investigación y, sobretodo, para la localización de los detenidos.
