El inesperado pase a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Guatemala de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un partido que surgió hace siete años de la inconformidad y las protestas sociales, hizo temer a las elites y a los sectores de lo que la ex fiscal general del país Claudia Paz y Paz llama “pro-corrupción” y “pro-impunidad”. Por ello, varios órganos de justicia “intentan enturbiar el proceso” con acciones “abiertamente ilegales y arbitrarias”.

En entrevista, la reconocida penalista, actualmente directora del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) en Costa Rica, explica desde el punto de vista jurídico algunas de las claves de la crisis electoral en curso. Encabezó la Fiscalía General entre 2010 y 2014 y durante su gestión se abrió la posibilidad de juzgar por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt, entre otros procesos emblemáticos. También fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa entre 2016 y finales de 2022.

Inmediatamente después de las elecciones del 25 de junio, la Corte de Constitucionalidad intentó forzar ilegalmente un recuento de votos. Le siguió el Ministerio Público y el Fiscal Anticorrupción Rafael Curruchiche, que anunciaron “la suspensión” del Movimiento Semilla sin tener sustento legal. Hombres encapuchados robaron documentación del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Este viernes, el MP allanó a sede del partido y robó mas documentación.

Todo esto, señala Paz y Paz, “es delito; es grave e ilegal. Ningún juez tiene la potestad de cancelar a un partido político en medio de un proceso electoral. La ley es super clara. La arbitrariedad fue tan evidente que la OEA, la ONU, Estados Unidos y otros países y sectores condenaron estas acciones”.

Arévalo pudo reanudar su campaña este fin de semana, en medio de multitudinarias manifestaciones de apoyo, después de ganar dos batallas legales y lograr un amparo de la Corte Constitucional (que antes había intentado bloquearlo) y la confirmación de los resultados del Tribunal Supremo Electoral.

Ganó el descontento, se votó contra el sistema

--Da la impresión de que lo que sucede estos días es un golpe de Estado preelectoral.

--Sin duda. Todos estos intentos vienen de esta sorpresa que dio el Movimiento Semilla. No lo esperaban. Apostaban que quedaran en los dos primeros lugares Manuel Conde, del partido oficialista Vamos, y Zury Ríos, que representan de mejor manera los valores conservadores.

(Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, obtuvo el mayor número de votos después de un cuestionado recuento que alteró el resultado inicial, que ponía a Arévalo a la cabeza. Conde quedó en un remoto tercer lugar. Y Ríos, la favorita, hija del dictador Ríos Montt, de la alianza ultraderechista Valor y Unionista, cayó al sexto lugar).

--¿Cómo se explica que las encuestas hayan encubierto tan bien la intención del electorado?

--Yo no sé si lo que reflejaron las encuestas es porque la mayoría no dijo realmente por quien iba a votar o en parte fue que no sabían por quien iban a votar y se definieron por el Movimiento Semilla en los últimos momentos. Lo que sí fue muy contundente fue el voto contra del sistema. Juntos, el voto nulo y el voto en blanco obtuvieron la mayoría: 25 por ciento del padrón. Lo primero que hubo en la primera vuelta es esa expresión de descontento con lo que estaba ocurriendo.

La responsabilidad de Giammattei

--¿Quiénes fueron los responsables que querer enturbiar las elecciones?

--Para ver de quien son las responsabilidades, hay que decir que Vamos, el partido oficial, presentó infundadamente los primeros recursos de que había fraude. Es en parte una responsabilidad del presidente Giammattei, aunque él ha sacado declaraciones de que va a respetar las elecciones. Y en todo está la mano de la Fiscal Consuelo Porras.

--¿Qué dice del sistema de justicia de Guatemala esta crisis?

--Desde la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2017, se ha dado una constante cooptación, por parte de estos poderes pro-impunidad y pro-corrupción, de los órganos de justicia que deberían ser independientes. El Ministerio Público está prácticamente tomado por la fiscal general. Ella debió haber terminado su periodo en 2022. Pero la Corte de Constitucionalidad intervino para obligar a los integrantes de las comisiones de postulación para que el presidente la volviera a nombrar.

En este último episodio, Porras se ha ido quedando mas sola, mas aislada. Pero aun hay un peligro: que siga intentando criminalizar a integrantes del Tribunal Supremo Electoral, a las personas que trabajan en el registro de ciudadanos o a integrantes de Semilla.

--¿Al propio candidato Bernardo Arévalo?

---Él goza de antejuicio (fuero), pero se podría intentar que le retiren el antejuicio y pongan un proceso penal en su contra. Por eso el juez da la orden de suspensión del partido. Su teoría del caso es que había firmas falsas. Pero eso ya es absolutamente extemporáneo porque ese partido ya compitió en las elecciones anteriores.

Semilla tiene registro desde 2017, un partido relativamente joven que surgió de los grupos de inconformes que salieron a protestar masivamente en 2015 contra los numerosos casos de corrupción.

Un desafío llamado Consuelo Porras

--¿Tiene cuentas pendientes con la ley la Fiscal Porras?

--Sí, varias denuncias que no han procedido. Una de las causas es que los funcionarios del MP deben tener carrera fiscal. Y ella ha destituido a los MP que tienen a su cargo casos de gran corrupción o de violaciones de derechos humanos graves, rompiendo el sistema de carrera. Ese es un caso clásico de abuso de poder, es un delito. Y la semana pasada cometió otro delito al intentar que se ilegalice un partido político.

--Desde 2021 han sido criminalizados, despedidos o trasladados 32 fiscales, abogados o jueces que defendían casos de derechos humanos o corrupción. Hay cuatro fiscales en el exilio. Se habla de un desmantelamiento del sistema de procuración de justicia. ¿Queda en Guatemala alguna instancia con independencia o facultades suficientes para enjuiciar a Consuelo Porras?

--Ese es el gran desafío. Todas las cortes fueron cooptadas por ella. Entonces, para que rinda cuentas se tendría que nombrar a un fiscal especial, porque ella no se va a investigar a sí misma ni adelantar un proceso penal en su contra. Además, también tiene derecho de antejuicio (fuero). Pero las cortes tendrían que haberse renovado hace cuatro años, se venció su plazo de nombramiento. Esperemos, que pronto, ojalá, se integren las nuevas cortes y termine este nuevo mandato que está arbitrariamente prolongado.

--La Corte de Constitucionalidad y el TSE han garantizado hasta ahora que el Movimiento Semilla pueda continuar con la campaña para la segunda vuelta ¿cierto?

--Al principio no. Fue en la CC donde se originó el conflicto. Ahí fue donde se ordenó en un amparo provisional se volvieran a revisar las actas. Es un procedimiento que no está en la ley. Afortunadamente los ciudadanos que forman las juntas electoras se portaron muy firmes y defendieron los votos. Es entonces cuando la CC le da vía libre al TSE para que oficialice los resultados. Y el día en que se oficializaron los resultados fue cuando un juez (Fredy Orellana) intentó suspender al partido Semilla. Ahí sí la CC dijo que no se podía.

--Retomando el tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG) ¿Por qué fue necesaria esta instancia internacional después de la firma de los acuerdos de paz y qué fue lo que aportó para el sistema de justicia guatemalteco?

--Para las víctimas de la guerra y para los firmantes de la paz, eso sigue siendo una gran deuda. Fue un momento de muchísima violencia e inseguridad en el país y esta comisión llegó como una entidad externa para transformar a las entidades encargadas de la impartición de justicia, tanto el poder judicial como el ministerio público a través de investigaciones independientes. Su actuación fue muy profunda y develó cómo operaban estas redes ilícitas tanto políticas como económicas que se beneficiaban de la corrupción.

Parar los abusos del sistema judicial, “lo urgente”

--¿Qué nervio sensible pisó la CICIG para desencadenar esa actuación tan drástica del ejecutivo, que la expulsó a pesar de las protestas y las críticas populares e internacionales?

--Cuando se habla de corrupción, lo que se ve es a las autoridades que se benefician de los bienes del Estado. Pero hay un corruptor también. Y esas son las elites económicas y las economías ilícitas. Cuando estas elites fueron evidenciadas declararon non grato al comisionado Iván Velázquez (actualmente ministro de Defensa en el gobierno de Gustavo Petro). Luego se venció el periodo de su mandato y ya no se renovó mas.

--¿Se consideraría necesario que retorne la CICIG?

--Si, sin duda hay voces que extrañan la presencia de la CICIG, pero creo que por el momento la preocupación es que cese la criminalización de los funcionarios de justicia que todavía ejercen su labor de forma independiente. Esa es la urgencia fundamental, que pare la actuación abusiva de la Fiscalía General.

--¿Qué se está haciendo para detener esta persecución contra jueces y fiscales? ¿Dirías que Consuelo Porras es el centro de este aparato?

--La fiscal general sin duda es la responsable del uso abusivo del derecho penal. Lo que hay en este momento es una gran demostración ciudadano de repudio a este tipo de actuaciones.

--En el periodo en el que estuviste al frente de la Fiscalía se logró resquebrajar la impunidad en muchos terrenos, pero significativamente en los crímenes de guerra. ¿Qué tanto se logró profundizar y hasta que punto está interrumpido?

--Hay una fuerza fundamental que es la fuerza de las víctimas, de los sobrevivientes. Ellos han seguido alzando la voz, insistiendo y presionando para que la justicia avance en estos casos. Y siguen, a pesar de todo.

Ahí está el caso del Diario Militar, que es una lista de 183 casos de desaparición forzada, casi todas las víctimas urbanas, que está en etapa intermedia y que es sumamente importante. Hay en marcha otros dos casos en materia de genocidio. Los casos no se han paralizado del todo, aunque algunos jueces y funcionarios que estaban a cargo de las investigaciones sí han tenido que salir del país.