La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) en Chiapas, violentó los derechos a la seguridad jurídica y a la integridad de 14 niñas, niños y adolescentes, quienes estaban a su cuidado y eran probables víctimas de trata de personas, vinculados con el culto extremista Lev Tahor, en septiembre del año pasado.

Además, corroboró la vulneración del acceso a la justicia en la investigación del caso, por parte de la Fiscalía General del estado.

En la Recomendación 93/2023, recordó que a finales de septiembre fue asegurado, por mandato judicial, un grupo de 26 personas en contexto de migración, presuntos integrantes de dicho culto extremista, quienes fueron llevadas al Centro de Asistencia del Sistema DIF en Huixtla, de donde escaparon.

La CNDH expuso que la evidencia corroboró que personal del DIF violentó los derechos de los menores de edad, al determinar y autorizar su alojamiento con otras personas adultas en el citado centro, sin haber acreditado relación filial alguna con ellas.

“Se pudo comprobar también que pasó por alto su deber de cuidado, al autorizar el ingreso de terceras personas, probables integrantes del culto religioso, quienes se hacían cargo de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes alojados, pues se les permitió tener contacto directo con ellos, abriendo la posibilidad de que se atentara contra la vida y la integridad de las víctimas”, señaló.

En el caso del actuar de la fiscalía estatal, la CNDH constató que después de que las víctimas escaparon del Centro de Asistencia del DIF, el agente del ministerio público pasó por alto llevar a cabo investigaciones para localizar a todos los niños, niñas y adolescentes, a fin de garantizarles la protección que necesitaban en su calidad de probables víctimas de delitos como violencia sexual, trata de personas, matrimonio forzado, sustracción o secuestro.

Tampoco se hizo del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PFPNNA), la localización de tres de las víctimas, a efecto de que se les brindaran las atenciones que requirieran, y omitió dictar las medidas de protección pertinentes, así como llevar a cabo una investigación.

Ante estos hechos, la CNDH solicitó a las autoridades del DIF y de la fiscalía local que se realicen las acciones necesarias para la localización de las 14 personas menores de edad y se les explique ampliamente el motivo, objetivo y alcances de los derechos que les asisten en su calidad de víctimas.

Asimismo, deberán colaborar en el trámite de inscripción de dichas personas en el Registro Nacional de Víctimas y que se proceda a la inmediata reparación del daño.

La Comisión también solicitó que la fiscalía dé vista a la PFPNNA de la localización de tres de las víctimas, para que verifiquen que no estén sufriendo algún delito y se les proporcionen atenciones en términos de la Ley General de Niñas Niños y Adolescentes.

Además, ambas autoridades deberán coordinar acciones para verificar la filiación de los menores con las personas adultas que se encuentren a su cuidado, y en caso de que no se establezca vínculo familiar alguno, se actúe conforme a la legislación aplicable.