Ciudad de México. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, dijo que los procesos en curso en dos bloques partidistas tienen como fin elegir a la persona que contenderá en 2024 por la presidencia de la República. Sin embargo, subrayó que son procesos legítimos y que este Tribunal optó por “dejar correr el juego”.

“Si bien es un mecanismo inédito en su configuración actual, no es ilegítimo. Es legítimo que los partidos puedan tener filtros y puedan llevar a cabo una serie de acciones para valorar las características de sus liderazgos”, señaló en una ponencia.

Subrayó que los magistrados tienen claro lo anterior y que una prohibición absoluta no hubiera detenido los eventos y giras.

“No somos ingenuos...muy probablemente una precandidatura única saldrá de estos procesos de partidos políticos”, dijo en una ponencia divulgada esta tarde por el TEPJF.

Reyes Rodríguez explicó que en la Sala Superior del Tribunal se optó por no anular las convocatorias, tanto la del Frente Amplio por México (integrado por PAN, PRI y PRD), como la del bloque integrado por Morena, Partido Verde y del Trabajo, sino colocar solo una limitación relativa.

Es decir, reglamentar lo que tiene que ver con el origen de los recursos y evaluar si el destino es lícito; determinar consecuencias y clasificar el gasto, ya sea ordinario o de otra naturaleza.

Mientras que el jueves hubo un debate en el Instituto Nacional Electoral de si estos frentes pueden hacer uso del tiempo oficial otorgado a los partidos para la divulgación de sus mensajes en radio y televisión, el magistrado recalcó que los contendientes no pueden comprar espacios en esos canales de comunicación, y tocará al INE aclarar el tipo de propaganda permitida y prohibida.

Destacó en ese punto el papel de los tribunales electorales para “pacificar” los conflictos políticos.

Es así que “se llegó a una conclusión de que invalidar el proceso, digamos, es una solución que restringe absolutamente el ejercicio de ciertos derechos y libertades que le han sido permitidos y también inclinar absolutamente la balanza sobre ciertos principios y no otros”.

Al dictar a estudiantes de maestría la conferencia “Juzgar con perspectiva de integridad electoral”, hizo una analogía con el futbol y lo que implicaría detener el partido cuando uno de los equipos ya tiene ciertas ventajas y el otro apenas estaba metiéndose a la cancha a jugar.

“De alguna manera (se optó por) dejar correr el juego, pues permite que los participantes en el partido puedan ir nivelando la cancha entre las distintas fuerzas políticas y aspiraciones y su posicionamiento político ante una sociedad que sí está interesada en conocer la toma de decisiones al interior de sus partidos”, dijo.

Antecedente

Expuso que la ley actual, en cuanto al tema de el tiempo de precampañas se refiere, surgió tras la elección de 2006. Sin embargo, al paso de los años ese marco ha quedado “alejado” de la cultura política.

“¿Cómo explicamos esta realidad? Yo diría que se explica a partir de un diseño legislativo que está alejado de la cultura política y de las prácticas políticas para decidir quienes pueden representar un proyecto político relacionado con procesos políticos a nivel presidencial”.

Puntualizó que mientras el periodo de precampaña en México es de 60 días, los procesos políticos no se acotan a procesos específicos y así se demuestra de 1988 a la fecha.

Por ejemplo en 2012 el PRI tuvo precandidato único y el proceso político para esa elección se dio antes de la precampaña; también ocurrió lo mismo en el PRD, cuando definieron a través de una encuesta y no en una etapa primaria, mientras que en el PAN sí hubo precampaña y tres personas compitieron.

En 2018, PRI y PAN tuvieron varios aspirantes y Morena, uno, que resultó también ser el precandidato único.

“Con esto quiero destacar que es parte de la cultura política y de las prácticas partidistas llevar a cabo proceso de toma de decisión política y conducir decisiones de los partidos, respecto a sus precandidaturas, antes del periodo formal de precampañas.

“Y esta realidad estimo que no fue adecuadamente reflejada en una regulación que atendió otro problema, el que las campañas eran muy largas, por lo que se diseñó un periodo de etapa de precampañas de 90 días, intercampaña y otra campaña de 60 días, pensando en que los incentivos a esas reglas es que todo se adecuara en ese periodo”, dijo.

El magistrado justificó entonces las recientes determinaciones del TEPJF, tomadas por decisión mayoritaria, no unánime; está pendiente votar un proyecto de la magistrada Janine Otálora que propone anular el proceso de Morena (y esta semana fijó ese mismo criterio para el frente opositor), aunque hasta ahora su posición es solitaria.

En la más reciente sesión de la Sala Superior del TEPJF, el miércoles pasado, se ordenó al INE elaborar en 5 días, contados a partir de la notificación, lineamientos para regular los procesos en mención.

Rodríguez Mondragón subrayó que desde hace más de 15 años “los políticos hacen política, ganan sus espacios y liderazgos en sus partidos y por lo tanto la enseñanza, desde el punto de vista de las normas, es que no hay una legislación que esté hecha con la respuesta a estos procesos políticos que son más bien flexibles y que inician desde antes”.

Sin embargo, admitió que el proceso actual es distinto al de sexenios pasados, de ahí que “tratando de adaptar el sistema legal a la realidad, siempre vamos a encontrar tensiones y, en casos difíciles, en la práctica sabemos que no existe una respuesta correcta.

Equilibrios

Sin embargo, planteó que ante esa realidad política, las autoridades electorales tienen el reto de equilibrar la armonía y la congruencia, así como “adaptar el sistema legal” a los hechos y de alguna manera ser permisivos, no solo este año sino en los pasados 15, como avalar presentaciones de libros o giras por el país de aspirantes.

“Sabemos, digo, porque es público, que el actual Presidente de la República recorrió durante 12 años el país en distintas ocasiones. Y en general las decisiones del Tribunal desde hace 15 años hasta hoy, han ido buscando en dónde están los límites, pero también las garantías al ejercicio de libertades como la de tránsito, de expresión, de asociación o reunión”.

Por otro lado están en juego los principios como equidad, legalidad y garantías en torno a la fiscalización, la autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos.