Miles de académicos, activistas, investigadores y periodistas le enviaron una carta a la Fiscalía General de la República (FGR) para exigirle a dicha entidad que “investigue a fondo” el asesinato del ambientalista Álvaro Arvizu Aguiñiga, ocurrido hace un mes en el Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ubicado en Tlalmanalco, Estado de México.

La misiva cuenta con más de 3 mil 600 firmas de apoyo –entre ellas las del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y la bióloga Mireya Ímaz Gispert—y en ella se le demanda al fiscal Alejandro Gertz Manero que atienda de manera “pronta y eficaz” la denuncia presentada por el Abogado General de la UAM con respecto a este caso.

Los promotores de la carta indicaron que el 19 de junio pasado Arvizu sufrió un “ataque premeditado” en el Centli, “en el cual sufrió tortura y golpes mortales”, por lo que demandaron que la FGR “investigue a fondo este ataque a la UAM y que se ponga fin a la impunidad gozada por los agresores y asesinos de los defensores ambientales, así como por sus autores intelectuales”.

Junto con la misiva, el Centli, la Comisión para la Verdad Álvaro Arvizu, el Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” dieron a conocer un pronunciamiento en el cual le exigieron al a la FGR que haga una investigación exhaustiva sobre el caso.

Las organizaciones recordaron que la muerte de Arvizu ocurrió con un “corte previo de las líneas de luz y teléfono del Centli antes del ataque”, y con “la inverosímil tardanza de la policía local y las instrucciones de no dar atención médica a la víctima”, lo cual “deja claro que los actos fueron organizados con anticipación y contaban con autoría intelectual además de los perpetradores materiales”.

Asimismo, denunciaron que “las autoridades locales han borrado huellas, están intentando fabricar un montaje y siguen hostigando a los familiares y a los integrantes del Centro para Sustentabilidad. Se siguen cometiendo acciones de destrucción en contra del Centro y sus proyectos productivos, así como actos que buscan generar un estado de terror en la zona”.

Luego de advertir que estos hechos incluso ponen en riesgo el cumplimiento de los Acuerdos de Escazú –relacionados con la seguridad de los ambientalistas--, las organizaciones lamentaron que “la FGR en un primer momento rehusó reconocer su competencia para recibir el caso, argumentando que se trataba de un crimen local, a pesar de que los actos cometidos ocurrieron en instalaciones de la UAM”, y ha tratado de calificar el crimen como un robo, además de presentarle a testigos y víctimas fotos de “sospechosos” que no corresponden con sus descripciones.