Deshumanizar al otro es un paso previo a la violación de sus derechos humanos. La transformación de la experiencia del inmigrante en una estadística abstracta, en un acto criminal, en una excusa para manipular o dirimir conflictos políticos ajenos y extemporáneos, son formas de esa borradura de lo humano que conlleva violencia. Este es el caso actual de la población migrante, convertida en un comodín de las luchas políticas dentro del territorio de Estados Unidos.
Los hechos recientes ponen en evidencia una práctica sistémica en que los inmigrantes se convierten, sin saberlo, en instrumentos de propaganda y hostigamiento por líderes del Partido Republicano. Esta operación es meticulosamente orquestada y financiada, convirtiendo a una población vulnerable en fichas de un ajedrez profundamente cínico.
En junio pasado, por ejemplo, un avión procedente de Nuevo México aterrizó en Sacramento, con el fin de poner en marcha una coreografía deshumanizadora. En efecto, un autobús había sido incluso contratado para trasladar a los pasajeros recién llegados hasta la oficina de la diócesis de la ciudad, donde el chofer los abandonó inmediatamente, después de desembarcarlos. Ni los pasajeros, ni los encargados de la diócesis, sabían lo que ocurría. Secuestrados bajo engaño, allí fueron abandonados a su suerte como si se tratase de seres desechables. Esta es la triste realidad que enfrentan inmigrantes en EU, cuya humanidad resulta denegada.
Entrevistados por la prensa, estos inmigrantes, la gran mayoría venezolanos, declararon haber sido “reclutados” en Texas y trasladados a Nuevo México, para luego ser embarcados en un avión que los trasladaría a Sacramento. La persona que reclutó a los inmigrantes se asumía identidades falsas, haciéndose pasar por un funcionario del gobierno de Florida y, en otra ocasión, como ex agente de la inteligencia militar estadunidense. Un teatro perverso (manipular a quienes huyen de la precariedad y la violencia) y criminal (usurpar la identidad de funcionarios públicos) desdibujan la ordalía de hombres, mujeres y niños, con el único propósito de hostigar al enemigo interno en contiendas electorales estadunidense.
María, venezolana que caminó más de 4 mil 500 kilómetros para llegar a Estados Unidos, contó que, en El Paso les habían prometido trabajo y asesoría legal para regularizar su estatus migratorio al llegar a Sacramento. La historia se repitió una semana después, cuando un autobús procedente de Texas trasladó a 42 inmigrantes hasta Los Ángeles. Este grupo había solicitado asilo y terminó siendo trasladado bajo engaño adonde su presencia sería simplemente instrumento de asedio dentro de un juego político totalmente ajeno a esta población migrante. En ambos casos, si no hubiese sido por la compasión de los grupos comunitarios, estas personas habrían terminado en las calles de la ciudad.
La práctica perversa de manipular a los inmigrantes de esta forma se inició en 2022, cuando Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida y actual candidato presidencial, utilizó fondos estatales para reclutar inmigrantes en San Antonio, Texas, en su mayoría venezolanos, para enviarlos a Martha’s Vineyard, lujosa comunidad y sitio turístico en Massachusetts. El presupuesto del estado de Florida de 2022 consignaba 12 millones de dólares para responder a la emergencia del covid y DeSantis dispuso de estos fondos para facilitar la expulsión de inmigrantes indocumentados, enviándolos a un lugar del país gobernado por sus adversarios políticos.
Tras Massachusetts, Nueva York se convirtió en el próximo destino al que fueron enviados inmigrantes. Según el alcalde de Nueva York, más de 60 mil inmigrantes han llegado desde Florida y Texas. El propósito de estas operaciones es hacer colapsar los servicios públicos en estas ciudades y así provocar una reacción antinmigrante entre los estadunidenses. Léase nuevamente: secuestrar bajo a engaño a decenas de miles de personas en situación de vulnerabilidad, para luego trasladarlas a territorios gobernados por un oponente político, con el fin de hacer colapsar los servicios públicos.
Las acciones en Nueva York, Sacramento y Los Ángeles son el último capítulo en una malévola política promovida y financiada por los gobernadores republicanos Greg Abbott, de Texas, y Ron DeSantis, de Florida. Ambos se representan como líderes de una guerra cultural que propone rescatar los supuestos “valores tradicionales” de EU. Sus acciones son una extensión lógica del eslogan del ex presidente Donald Trump, que proponía “Make America Great Again” (Hacer a América grande otra vez). Pero, ¿qué valores encarnan estas acciones? ¿Qué grandeza supone la deshumanización de otros con el propósito de ganar rédito político y destruir un adversario?
La instrumentalización oportunista y cruel de los inmigrantes va más allá del hostigamiento de enclaves demócratas. El fenómeno se inscribe dentro de una lucha cultural más amplia que se presenta, tramposamente, como un “conflicto de valores.” DeSantis suele decir, por ejemplo, que Florida es donde “los valores progresistas vienen a morir”.
Desplegando una retórica populista ultraconservadora que interpela a un sector del electorado mediante la defensa de la llamada “familia tradicional”, con la supuesta protección de los niños, del matrimonio y los principios religiosos, los usos de la población migrante son parte de una guerra política que busca revertir derechos políticos adquiridos desde la década de 1960 por gente de color, los sindicatos, las mujeres, los jubilados, la comunidad LBGTI, los trabajadores y los mismos inmigrantes.
Aquí se inserta una estrategia de repercusiones internacionales, que alerta sobre la supuesta existencia de una conspiración mexicana para inundar EU con fentanilo, a fin de destruir la juventud anglosajona. Estos conservadores se atreven incluso a promover la acción militar e, incluso, la intervención en territorio México, para arrasar con el crimen organizado.
El discurso sobre la protección de la familia y la protección de la salud nacional chocan con la realidad de una avalancha de legislaciones para recortar fondos en la educación, prohibir la enseñanza contra el racismo, derogar los derechos reproductivos de la mujer y debilitar los derechos básicos de acceso a la atención médica y la justa jubilación. Sin embargo, todo ello termina invisibilizado por el pánico generado por una guerra política que convence a muchos estadunidenses de la existencia de una conspiración para corromper el cuerpo nacional y remplazarlos con “gente de color”. Así, los inmigrantes se transforman en sujetos que no sólo buscan asilo y protección, sino que son en realidad parte de una invasión que transformaría la cultura y la sociedad estadunidense en algo irreconocible y amenazante.
Es fácil descartar estos incidentes como aislados o simples manifestaciones extremas, de cara a la próxima campaña presidencial. Sin embargo, hay que recordar que, con un discurso similar, Trump logró la presidencia en 2016 y que, en 2020, obtuvo más de 70 millones de votos. ¿Cuánto ha de calar este discurso de odio en la población? Pensemos en que, aun siendo imputado y enfrentando cargos criminales, las encuestas revelan que Trump ha subido en popularidad y domina entre los candidatos republicanos que compiten por la nominación presidencial.
La triste realidad es que los demócratas ofrecen pocas alternativas y que algunas respuestas mimetizan las acciones de los políticos conservadores. Eric Adams, el alcalde de Nueva York, ha comenzado a deportar inmigrantes a Texas y Florida. El presidente Joe Biden ha implementado una política migratoria que poco se distingue a la de Trump. En efecto, el número de personas a quienes se les ha negado la posibilidad de solicitar asilo se ha disparado en los últimos meses. Aunque Biden canceló el Título 42, implementado por Trump, aún mantiene la medida de que si un inmigrante no solicita asilo en los países que atravesó en su camino al norte, pierde de inmediato el derecho de solicitarlo en Estados Unidos. Como resultado, el número de personas rechazadas se ha disparado significativamente. Si anteriormente eran aprobadas 83 por ciento de las peticiones, en el último mes han sido aprobadas sólo 46 por ciento.
Biden continúa intentando una estrategia verdaderamente insólita, la cual incorpora a otras naciones en un proceso de “externalizar la frontera”. Así ha logrado acuerdos con Panamá y Colombia para que, bajo la llamada Operación Escudo, incrementen su presencia militar en el tapón de Darién. La operación incluye fondos y asesores estadunidense para el despliegue de estas operaciones en las que los límites de la nación norteamericana se proyectan hacia el sur.
Aunque los inmigrantes son los chivos expiatorios de la presente crisis, lo que ocurre aquí no puede reducirse a una guerra cultural. Se trata más bien de la instrumentalización de un pueblo vulnerable (o vulnerado) dentro de un conflicto político nacional que definirá la suerte de quienes buscan asilo, pero también la relación con América Latina e, incluso, la naturaleza de la propia institución democrática dentro de EU.
