Ciudad de México. La defensa de Emilio Lozoya Austin señaló que el aumento de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares como reparación del daño que provocó el ex funcionario al recibir sobornos para que Petróleos Mexicanos (Pemex) adquiriera la empresa Agronitrogenados y recursos por parte de la constructora Odebrecht a cambio de otorgar contratos de obra pública, "no sólo violenta los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex y las acusaciones coadyuvantes de dicha empresa y de la UIF, sino que al carecer de cualquier fundamento técnico y jurídico, es ilegal, por lo que ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esa naturaleza, por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación".
A través de un comunicado los representantes del ex funcionario señalaron con relación a "las afirmaciones realizadas por Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, relativas a las razones por las que Emilio Ricardo Lozoya Austin se encuentra privado de la libertad, es necesario precisar que éstas se derivan de una decisión de Estado, ajena al orden constitucional, y violatoria de sus derechos fundamentales.
"Esta situación ilegítima pretende mantenerse —en agravio de un testigo colaborador como lo es Lozoya Austin—, restringiendo al máximo la posibilidad de acceder a un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, incrementando injustificadamente el monto de la reparación del daño aplicable a los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Es así como, sin justificación alguna y de manera desproporcionada y contraria a derecho, se aumentó —arbitrariamente y hasta un 200 por ciento— el monto de la reparación del daño, que pasó de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares", indicaron los litigantes Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda.
El martes, un juez federal con sede en el Reclusorio Norte, suspendió la realización de la etapa intermedia del juicio en contra de Lozoya Austin por el caso Odebrecht luego de que los representantes gubernamentales no presentaron el sustento para exigir al ex funcionario una reparación de 30 millones de dólares, en lugar de los 10.7 acordados desde abril de 2022.
