Lima. Miles de peruanos salieron el miércoles a protestar contra la presidenta Dina Boluarte y la policía dispersó con bombas lacrimógenas a manifestantes que llegaron hasta el Congreso en Lima, en una jornada en la que se registraron bloqueos de vías en un país atrapado por constantes conflictos sociales.

Los manifestantes, con banderolas y pancartas con lemas contra el Gobierno, exigían la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, en una nueva ronda de marchas que se produce meses después de las anteriores protestas que dejaron decenas de muertos.

Cargados con escudos y cascos de plástico la policía replegó a los manifestantes luego de que se rompiera una barrera de seguridad en el "Parque Universitario" de Lima, una vía de acceso al Congreso donde se produjeron violentos enfrentamientos hace meses.

El servicio metropolitano de transporte de pasajeros en Lima informó que suspendió temporalmente sus servicios por prevención.

Las carreteras Panamericana norte y sur de Lima, foco de anteriores bloqueos, permanecieron libres, pero el organismo supervisor de transporte reportó hasta ocho vías interrumpidas, principalmente en las regiones de Arequipa y Cusco, en el sur.

En la zona andina de Huancavelica manifestantes prendieron fuego a la puerta de la prefectura de la ciudad, que la policía logró apagar a tiempo y luego dispersar la protesta con bombas lacrimógenas, según imágenes de la televisión local.

"Acá queremos justicia, paz y tranquilidad. Que Boluarte salga (renuncie) inmediatamente", afirmó Dionisio Flores, un manifestante. "Este Gobierno es inmoral, incapaz, ha reprimido con las fuerzas armadas", dijo Martha Manami, otra participante.

En las anteriores protestas, que comenzaron en diciembre con la destitución y arresto del expresidente izquierdista Pedro Castillo, murieron 67 personas en enfrenamientos y bloqueos.

Refuerzan seguridad

Las demandas en las protesta, convocadas por grupos de izquierda y sindicatos, son casi las mismas: la expulsión de Boluarte, el cierre del Congreso dominado por partidos de derecha, elecciones anticipadas y una nueva Constitución. Muchos también piden la liberación del exmandatario Castillo.

La policía informó que desplegó 24.000 agentes en toda el país minero, entre ellos 8.000 para vigilar la capital ante lo que los organizadores llaman "La tercera toma de Lima".

Representantes de ONG ambientalistas habían afirmado que las protestas serían respaldadas por las comunidades que viven cerca de una carretera que usan importantes minas en los Andes de Perú, el segundo productor mundial de cobre.

Flavio Huanque, dirigente de la comunidad de Espinar por donde cruza el corredor minero, dijo a Reuters que pobladores salieron a marchar en apoyo, pero que "todavía" no han tomado la decisión de bloquear el paso de vehículos en la zona.

En Arequipa, la segunda región en importancia de Perú, en el sur del país, las autoridades han suspendido las clases presenciales. La misma medida se anunció para la región turística de Cusco y la de Tacna, en la frontera con Chile.

Asimismo, en los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Puno -que sufrieron ataques a inicio de año- sólo se permitía el ingreso a las personas con sus boletos de embarque y documentos de identidad, para garantizar la seguridad de los viajeros.

El Gobierno, que afirma que las protestas son una "amenaza" para la democracia, ha extendido el estado de emergencia en zonas claves del país, una medida que permite a la policía y el Ejército vigilar las regiones en conflicto.

Boluarte, cuya aprobación está en mínimos según varias encuestas, es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" por las muertes en las protestas de principios de año.