Lima. La policía peruana desplegó el miércoles a miles de agentes en todo el país para controlar el orden público mientras dos decenas de ciudades se preparaban para participar en protestas que exigen la destitución de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Congreso, a escasos cuatro meses después de diversas manifestaciones que entre diciembre y enero dejaron 67 muertos y 1.956 heridos.

La manifestación principal estaba programada para la tarde, y el gobierno anunció que hará uso de la fuerza, incluso con armas de fuego, en caso de que la policía vea peligrada su vida.

El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo a inicios de semana que si las manifestaciones son violentas se responsabilizará a los líderes de las protestas y aseguró que están identificados.

Por su parte, el jefe policial Jorge Angulo dijo el miércoles a la radio local RPP que se desplegarán 24 mil policías entrenados para contener manifestaciones, luego de observaciones a las fuerzas de seguridad peruana enviadas por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la fuerza entre diciembre y febrero.

Aunque el gobierno de Boluarte ha acusado a los manifestantes de violentos, cifras lanzadas por la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo que monitorea la conflictividad social en el Perú, han indicado que entre diciembre y febrero, de un total de mil 327 protestas realizadas apenas el 11,5% fueron violentas.

El gobierno afirmó que la minería informal, el narcotráfico y el contrabando financiaban las marchas. También, que los manifestantes usaban armas de fuego, pero al momento no se ha mostrado evidencias.

Por el contrario, en tres meses de conflictividad se registraron 67 muertos. Al menos 30 de los 47 civiles que murieron directamente en choque con la policía durante las jornadas de movilizaciones fallecieron por impacto de bala, según las autopsias revisadas por The Associated Press.

A inicios de la mañana, tres puntos de carreteras en las regiones Ayacucho, Arequipa y Cusco, estaban bloqueados, pese a que hace una semana el gobierno extendió por un mes la libertad de tránsito y de reunión en varias carreteras clave del país para evitar los cortes viales.

El martes, la presidenta Boluarte declaró en un tono de advertencia que no serán permitidas manifestaciones violentas ya que suponen “una amenaza a la democracia”.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 luego que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra. Ese mismo día Castillo fue detenido y continúa en prisión provisional mientras es investigado por cargos de rebelión y corrupción. Al ser vicepresidenta de Castillo, Boluarte se convirtió en mandataria.

Cinco días después de asumir el cargo, Boluarte aseguró que había asumido “la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales al mes de abril de 2024”. Pero en junio la mandataria cambió de decisión y aseguró que se quedaría en el poder hasta 2026, cuando culmina el periodo presidencial para el cual fue elegido Castillo, quien empezó su gestión en 2021.

Entre enero y marzo el Congreso archivó cinco iniciativas de adelanto de elecciones, una de ellas enviada por la mandataria y en medio de sucesivas manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur y en la capital. El Congreso junto a Boluarte poseen elevados índices de impopularidad, según todas las encuestas.