Ciudad de México. El Consejo de Salubridad General (CSG) ha dedicado el año reciente a erradicar prácticas inerciales, conflictos de intereses y vicios que se anteponían a lo que debe ser su foco de atención, los pacientes. Esa es la premisa de trabajo del organismo y su secretario, Marcos Cantero Cortés, quien aseguró que busca garantizar el mejor medicamento disponible y los más altos estándares de calidad en los servicios de salud.

Con reformas y acuerdos, esa autoridad sanitaria, no financiera, excluyó la intromisión y el dinero del sector privado en decisiones como la integración del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS).

En entrevista, el funcionario, con doctorado en ciencias administrativas, fue cauto en sus comentarios, pero reconoció: Se decía que había dinero de por medio para favorecer la incorporación de medicinas, material de curación y dispositivos médicos en el CNIS. Una vez dentro, los insumos pueden ser adquiridos por las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Respecto a la polémica sobre el papel del CSG en la pandemia de covid-19, aclaró que declarar la emergencia no era una facultad que le asignara la Ley General de Salud, sino la de Propiedad Industrial, que da acceso a las licencias de patente de medicamentos, y sólo era posible cuando el Poder Ejecutivo emitiera el acuerdo sobre la necesidad de medi-das extraordinarias y su conclusión.

A continuación, la entrevista de Cantero con La Jornada:

Vicios y desorden

–¿Qué encontró en el CSG?

–Un órgano que venía sumándose a los esfuerzos del SNS, pero con muchos vicios, desorden administrativo, contacto con intereses privados y de todo tipo. El CSG es una autoridad sanitaria, un órgano colegiado que para su operación cuenta con una secretaría (a cargo de Cantero), a la que le corresponde diseñar el apoyo técnico, científico y administrativo.

–¿La reorganización empezó en el CNIS por la denuncia sobre conflictos de intereses y pagos para la entrada de ciertos medicamentos?

–Eso se decía. En el CNIS, naturalmente, hay intereses creados, porque son medicamentos e insumos que compra el sector público. Se creó la comisión y reglas del CNIS, que no había, y se actualizaron los métodos de evaluación, con un enfoque clínico. Lo primordial es incluir el mejor medicamento para el paciente. No es ir por el más barato, sino por el que sea mejor que el anterior disponible.

–¿Hubo cambios en los requisitos?

–Sí. Las solicitudes del sector privado (fabricantes) deben incluir una carta de una institución pública que plantee la necesidad o conveniencia de evaluar un insumo. Antes se recibían las solicitudes de la industria y se evaluaban con base en lo que aportaban como sustento. Ahora, con el aval de las instituciones, se evita el conflicto de intereses.

De la comisión de expertos salieron los miembros del sector social y privado. Sólo están los especialistas de cada área terapéutica que designan las instituciones públicas de salud. Ya no los elige el secretario del CSG.

Terminó el rezago

–¿Se acortan los tiempos para la evaluación?

–Eran muy largos por la industria, que quiere meter todo. Si evalúo lo que las instituciones públicas necesitan, se reduce en más de la mitad la carga de trabajo. Además, había más de 100 asuntos rezagados y algunos nuevos que salían inmediatamente. Ese rezago se terminó. Tenemos más de 15 mil 500 claves, de las que 10 mil son medicamentos. El resto son dispositivos médicos y otros insumos.

–Otra tarea fundamental del CSG es la certificación de calidad de los hospitales. ¿Qué ha pasado ahí?

–Es prioritario garantizar la calidad de todos los servicios y el esquema que existía privilegiaba a los hospitales privados. Había duplicidad y reglas diferentes de lo que hacía la dirección de calidad y educación de la Secretaría de Salud para las unidades que formaban parte del Seguro Popular y recibían financiamiento. Ahora se creó el modelo único de evaluación de calidad (MUEC) con cinco fases graduales y evolutivas por año. La quinta es la máxima, con una cultura de calidad y actualización constante de procesos.

–Ya no existe el Seguro Popular, ¿cuál es el incentivo para que participen unidades médicas que atienden a personas sin seguridad social?

–Sigue siendo voluntario para los privados y por ley es obligatorio para las unidades del IMSS-Bienestar. Actualmente hay unidades buenas, malas y muy malas. Más de mil 500 ya forman parte del nuevo organismo sanitario y a partir del 1º de julio inició el proceso de inscripción para aprobar el MUEC.

–Si se hiciera una evaluación de las unidades que ya estaban acreditadas por la Secretaría de Salud, ¿a qué nivel llegarían con el MUEC?

–En promedio al nivel 1 o 2 de 5. Por las diferencias que había en los estándares, los hospitales privados se podrían ubicar en el 4 o 5, siempre que mantengan la cultura de calidad. Aclaro que las evaluaciones en curso de nosocomios particulares concluirán con las reglas anteriores. Ninguno queda a la deriva y, si es su deseo, pueden solicitar incorporarse al MUEC, que también tendrá una vigencia de cinco años.

–Sobre el proyecto de nuevo reglamento del CSG, ¿por qué salen los representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y asociaciones de médicos especialistas?

–Permanecen 14 vocales titulares, entre ellos las academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, también cuatro representantes regionales de los estados. Se propone que salgan los 19 vocales permanentes con voz, pero sin voto. Es una depuración de vicios. Hay participantes diversos y pocos ejercen su derecho a voz, no hacen propuestas y en algunos casos son suplentes.

El proyecto se presentó a los integrantes del CSG en sesión extraordinaria el pasado 22 de junio y no hubo ninguna objeción. Se aprobó y está en el proceso jurídico-administrativo, antes de su publicación para consulta pública.