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Admite SCJN recursos contra vigilancia militar en espacio aéreo

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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto Luis Castillo / Archivo
17 de julio de 2023 17:57

Ciudad de México. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aceptó a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición en contra de las reformas legales que facultan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como responsable de la vigilancia del espacio aéreo, sin embargo, rechazó otorgarles la suspensión que solicitaron, por lo que dichas normas continuarán vigentes hasta que el máximo tribunal defina si son o no acordes a la carta magna.

Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 113/2023 y 118/2023 presentadas respectivamente por senadores y diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que impugnan loa cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, en Materia de Protección al Espacio Aéreo Mexicano, todas promulgadas el 3 de mayo pasado.

Para los legisladores de oposición, estas reformas implican la militarización de un área estratégica para la aviación civil, por lo que aseguran que interpusieron sus acciones para “evitar que se doten de recursos a las Fuerzas Armadas que trastoquen de forma inmediata e irreversible la relación entre los poderes civiles y militares al darles autonomía económica indebida”.

Añaden que es preciso mantener el control de la vigilancia del espacio aéreo nacional en manos de autoridades civiles a fin de “proteger la institución fundamental que es la Administración Pública Federal y para evitar que militares ejerzan funciones de seguridad pública fuera de parámetros estrictos y vulneren derechos humanos”.

Los legisladores de oposición pidieron que, al ser admitidos a trámites estos juicios constitucionales, se ordenara también suspender todos sus efectos hasta que se dictara un fallo definitivo, a lo cual el ministro Gutiérrez Ortiz Mena no accedió, pues señala que con las normas en cuestión no de causa una transgresión definitiva o irreversible a ningún derecho humano.

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