Organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, y para la Prevención y Combate a la Tortura realice una visita al país para constatar “la violación sistemática de los derechos humanos” que sufren quienes están en prisión.

En audiencia pública, en el 187 periodo de sesiones de la CIDH, también denunciaron que continúan los casos de “fabricación de culpables” y reiteraron su demanda de que sea eliminada la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, la representación del Estado mexicano manifestó su apertura a que los expertos de la CIDH visiten el país, y reconoció que aún hay deficiencias en la atención a las personas privadas de la libertad, así como casos de personas encarceladas injustamente.

El obispo emérito Raúl Vera, en su calidad de presidente honorario de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, expuso que “durante los últimos años la fabricación de culpables se ha generalizado en todo México, para elevar el índice de casos que no quedan en la impunidad y el claro objetivo de demostrar -tanto a nivel nacional como internacional- que se está acabando con los grupos criminales”.

Mencionó que la fabricación inicia con la detención arbitraria por elementos de seguridad y pasa por la tortura y siembra de pruebas.

Denis Rodríguez, también de la Red, refirió que las familias de las personas privadas de la libertad ha denunciado constantemente los casos de corrupción, extorsiones, irregularidades, abuso y acoso sexual y la comisión de delitos que existe dentro de las prisiones.

En su turno, el representante adjunto del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña, expuso que a pesar de que se había registrado un descenso pronunciado en el número de personas en prisión en el periodo de 2014 a 2019, comenzó a aumentar desde el año 2019, pasando de 197 mil a 228 mil individuos hasta diciembre de 2022, según datos oficiales.

Ante la primera vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, aseveró que el aumento “se explica en buena medida por la ampliación de los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa”. Ello, agregó, “ha sometido a los sistemas penitenciarios a situaciones preocupantes, como es el caso del estado de México que en diciembre de 2022 contaba con una sobrepoblación del 141 por ciento”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Francisco Estrada, señaló que de acuerdo con el diagnóstico de este organismo del 2022, de 235 centros penitenciarios estatales que se visitó, en 115 se identificó sobrepoblación y en 123 hacinamiento. Deficiencias que no se presentaron en los federales ni en militares.

Además, en 42 centros penitenciarios de los estados se detectaron que las personas privadas de la libertad realizan actividades propias de autoridad, propiciando entornos de autogobierno, y en 138 persisten deficiencias en servicios de salud.

Respecto a la prisión preventiva oficiosa, refirió que el 22 de marzo de 2021 la CNDH promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad -aún en trámite- contra las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes que establecen la procedencia de dicha figura cuando se trate de diversos delitos, al considerar que vulnera los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a las garantías judiciales y al principio de presunción de inocencia.

Frente a este contexto, aunque en su primera participación el representante del Estado, Ulises Herrera López, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, planteó que en los centros federales no hay sobrepoblación, las estancias son espacios “dignos” y las personas “gozan de todos los derechos”, después de que el comisionado Carlos Bernal pidió al Estado tomar “en serio” los señalamientos de la sociedad civil, reconoció que sí existen deficiencias.

Precisó que los datos que aportó correspondían sólo a los centros federales, en tanto que los de la sociedad civil eran de estatales, “en los cuales no tenemos injerencia”.

Por su parte, Arturo Guerrero, director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, señaló que esta institución reconoce las problemáticas y se llevan a cabo diversas acciones para atenderlas.

Mencionó que la Defensoría Pública ha promovido 976 incidentes para solicitar cambio de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando ya hubiese cursado el umbral de los dos años; “435 ya fueron resueltas, aunque el porcentaje de las que son favorables sigue siendo bajo, cerca del 20 por ciento”.