La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Celaya, Guanajuato, incurrieron en violaciones graves a derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tortura contra habitantes de la comunidad Rincón de Tamayo, durante un operativo policiaco realizado el 15 de enero pasado.

Ante ello, en una recomendación, pidió a la presidencia municipal ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familiares, reparar el daño integral y que colabore para dar seguimiento a las denuncias que se presenten ante la Contraloría Municipal y la Fiscalía General de la entidad, respectivamente, en contra de las personas servidoras públicas involucradas.

Refirió que el 5 de enero de este año, tres personas soldaron la puerta de acceso a las oficinas de la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado (JUMAPA) y se amenazó con quemar los vehículos que ingresaran a la comunidad. Tras lo anterior, el día 15 de ese mes el titular de la Junta solicitó el apoyo de la SSC de Celaya para acompañar las labores de mantenimiento en el inmueble, por lo que 16 elementos de la corporación acudieron con un equipo antimotín para establecer una barricada.

En ese momento “fueron agredidos por un grupo inicial de 30 personas a las que, posteriormente, se sumaron 200 más, quienes les arrojaron piedras, palos y botellas con gasolina. Ante ello, acudieron al lugar 10 unidades con 18 policías más”, indicó.

Sin embargo, el análisis de las evidencias permitió comprobar que, ante tales hechos, la SSC omitió adoptar medidas para atender las necesidades de la comunidad, tales como la realización de mesas de diálogo u otras alternativas de solución pacífica, previas a la realización del operativo.

Tampoco se constató la presencia de personas que detonaran armas de fuego en contra de los policías o contra terceras personas, por lo que no se justifica que éstos realizaran disparos, de manera indiscriminada, en contra de la población civil, entre quienes se encontraban personas adultas y menores de edad.

Asimismo, los agentes emplearon gases lacrimógenos en contra de la población y sin advertencia previa, según se pudo apreciar en videos y fotografías captados el día de los hechos.

La SSC detuvo a 23 personas, de las cuales nueve fueron remitidas ante el juez cívico por faltas administrativas y el resto puestas a disposición de la autoridad ministerial competente. No obstante, todas coincidieron en acusar violencia por parte de los efectivos de esa corporación.