Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abre la posibilidad de que los afectados por delitos en contra del medio ambiente puedan reclamar la reparación del daño que sufrieron, aún cuando no hayan sido los denunciantes originales de los hechos.

Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala del máximo tribunal amparó a los integrantes de una familia que buscaban ser reconocidas como víctimas por la tala de un bosque de 13.4 hectáreas, ocurrida en 2018 en Michoacán, que fue arrasado para sembrar aguacates.

El responsable fue denunciado y vinculado a proceso en noviembre de 2021 por delitos contra el ambiente tipificados en el Código Penal estatal.

Tres meses después, los integrantes de la familia pidieron al juez de la causa ser reconocidos como víctimas de estos hechos, lo cual les fue negado con base en el artículo 56 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), el cual señala que este carácter solo le puede ser atribuido al denunciante original del delito.

La familia señaló que, tratándose de delitos contra el equilibrio ecológico, sus daños comprenden no solo el derecho humano personal a vivir en un medio ambiente sano y digno, sino que impactan sobre la interacción del hombre y la naturaleza, con efectos individuales y colectivos.

Por ello llevaron el caso hasta la SCJN, a quien piden definir la constitucionalidad del artículo 56 de la LFRA.

En el máximo tribunal, el ministro Mario Pardo Rebolledo fue el encargado de analizar el caso y elaborar el proyecto de sentencia, donde propone dar la razón a la familia, reconocerlos como víctimas y regresar el asunto al tribunal de origen para que defina “si el ilícito por el que se sigue el procedimiento laceró el servicio ambiental que presta el ecosistema posiblemente afectado”.

La sentencia fue aprobada por mayoría de 4 votos, por lo cual el fallo podrá sentar jurisprudencia, si los ministros coinciden en los criterios jurídicos para así definirlo.