Víctimas del incendio en la estancia provisional migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, y sus familiares demandaron que se les informe de manera periódica las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño, por lo sucedido el 27 de marzo pasado.

En un pronunciamiento difundido por las organizaciones que los acompañan, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración, Fundación para la Justicia y Asylum Access México, también pidieron al gobierno federal que no existan represalias en su contra y que se les apoye con la reunificación de sus familias.

“Somos personas que buscábamos darles mejores oportunidades a nuestras hijas, hijos y familias. Lo mínimo que queremos es justicia. Que esto no le pase a ninguna persona migrante y solicitante de protección en este país. Merecemos un trato digno al pasar por México, no somos animales, somos personas y merecemos atención y una reparación integral del daño”, manifestaron las ocho víctimas.

Relataron que hace más de 100 días sus vidas cambiaron para siempre. “El 27 de marzo de 2023, poco antes de las 11 de la noche, un incendio nos consumió, quitó la vida de 40 compañeros y a 27 nos dejó con secuelas de por vida en nuestra salud física y mental, a algunos nos amputaron parte de nuestro cuerpo”, expresaron.

Después del incendio, indicaron, “pasamos más de un mes hospitalizados sin saber qué nos había pasado, luchando por nuestras vidas. Algunos abrimos los ojos y nuestras parejas, madres y padres estaban ahí pero no los reconocíamos, no recordábamos ni siquiera que tenemos hijas e hijos -razón por la que decidimos salir de nuestro país-. Hoy seguimos en atenciones médicas, algunos con secuelas neurológicas, con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de nuestros órganos, uno de nosotros perdió un brazo”.

Señalaron que si bien el INM ha solventado sus gastos de hospedaje y alimentación, “es muy difícil” para ellos la convivencia, al recordar “esos uniformes, los mismos que portaban a quienes gritamos por auxilio y nos ignoraron, o subir a esas camionetas, las mismas que nos llevaron a la cárcel migratoria en Ciudad Juárez”. E indicaron que algunas autoridades, “incluso nos presionan para regresar a nuestros países”.

Además, expusieron, “la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) no nos ha dado información clara. Necesitamos nuestros expedientes médicos, saber cuánto tiempo vamos a seguir bajo cuidado médico, qué va a pasar con nosotros”.

En el pronunciamiento, pidieron también atención a sus necesidades económicas y de salud física y mental en México y sus países de origen, e inscripción de todas las víctimas y sus familias al Registro Nacional de Víctimas de la Ceav.

También dieron a conocer que lunes pasado, los ocho se reunieron con senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento al caso, para conversar, junto con organizaciones, sobre los hechos y compartirles sus necesidades y preocupaciones.