La descoordinación entre instituciones federales, estatales y municipales sigue siendo un obstáculo para atender a los migrantes en tránsito víctimas de delito o desapariciones, coincidieron autoridades de la Secretaría de Gobernación y académicos.
A pesar de que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) diseñó un Protocolo Homologado de Búsqueda, este aún no ha logrado afianzarse, porque las fiscalías estatales siguen actuando por su cuenta y no comparten información con el Instituto Nacional de Migración, los albergues del DIF o los consulados, sobre todo, de países centroamericanos, criticó la profesora Cristina Hernández de la Cátedra Extraordinaria sobre trata de personas de la UNAM.
Aunque la titular de la dirección de búsqueda de migrantes de la CNB, Angélica Neiszer Lujano, evitó proporcionar a este diario cifras de los migrantes desaparecidos en el primer semestre de 2023, admitió que "están rebasados" para coordinar y dar seguimiento a todos los casos, debido a que justamente es necesario mejorar la coordinación con las instancias gubernamentales de los estados y municipios porque "la búsqueda no es competencia de una sola institución, implica dividir la investigación entre varias instituciones y tiene que haber una labor coordinada".
Sumado a la descoordinación interinstitucional, la profesora de la UNAM, señaló que "sigue habiendo una política xenofóbica", además de "una ruptura de políticas públicas" porque cambian cada que llega una nueva administración al gobierno de una entidad o municipio.
En el panel "Migración irregular, los riesgos del camino y delitos asociados" en el marco del Encuentro Internacional de Movilidad Humana, la directora de búsqueda de migrantes de la CNB alertó que "estamos en una crisis de banco de datos forenses" y por ello es indispensable para trabajar en conjunto.
