En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) denunció que la aplicación CBP One, para tramitar cita de solicitud de asilo en Estados Unidos, además de ser un obstáculo para las personas necesitadas de protección que no tienen teléfono celular o acceso a internet, sus “múltiples fallas” las obligan a esperar en la frontera de México por periodos prolongados de tiempo, “donde corren peligro de sufrir graves actos de violencia y no existen condiciones de habitabilidad mínimas”.

Mary Kapron, investigadora regional de AI para América del Norte, expuso que si bien la política estadunidense del Título 42 terminó de aplicarse el 11 de mayo pasado, las nuevas medidas migratorias continúan limitando drásticamente el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

“La aplicación CBP One en ningún caso debería ser la forma de solicitar asilo en ese país”, aseveró. Además expresó, que hay preocupaciones en materia de privacidad, discriminación y vigilancia.

“Preocupa que las tecnologías de reconocimiento facial y GPS (geolocalización), junto con el almacenamiento en la nube, se usen para recabar datos sobre las personas solicitantes de asilo, y que la tecnología de reconocimiento facial, en concreto, se utilice de forma discriminatoria”, mencionó.

A su vez, en la audiencia “Avances y desafíos en coordinación y cooperación internacional para la protección de los derechos de las personas en movilidad humana en la región”, organizaciones señalaron que a pesar de que el continente americano enfrenta un movimiento migratorio sin precedentes, el derecho a solicitar asilo en los Estados “está cada vez más restringido”.

Lucia Galoppo, representante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, indicó que la falta de una política migratoria coordinada deja lugar al crecimiento de un modelo regresivo impulsado por Estados Unidos pero que se extiende en toda la región.

“Con el objetivo de contener la migración, los Estados, a lo largo de Centroamérica y Sudamérica, aplican políticas y medidas seguritarias y de control en detrimento de la ampliación y flexibilización de canales regulares permanentes y accesibles”. Además, dijo, bajo esta lógica se realizan expulsiones, rechazos en fronteras, militarización, criminalización de la población migrante y refugiada.

En Sudamérica, ejemplificó, “venimos documentando el progresivo abandono del modelo de integración y su remplazo por políticas de control migratorio”.

Frente a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, así como otros comisionados, las organizaciones llamaron a que este organismo haga un seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados de los estándares internacionales en la materia, monitoreando con especial atención las nuevas medidas migratorias implementadas.

En su turno, Alberto Brunori, representante regional para América Central y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), si bien enfatizó que en el continente se han realizado esfuerzos importantes para incorporar un enfoque de derechos humanos en los marcos normativos sobre migración y refugio, las personas siguen enfrentando desafíos debido a la falta de una respuesta integral y la adopción de políticas migratorias restrictivas.

Indicó que la ONU-DH ha conocido la violencia y violación a los derechos humanos que sufren en la ruta migratoria, además de que están expuestas a retorno forzado y rechazo en la frontera en violación a la garantía del debido proceso, y a los principios de no devolución e interés superior de niños y niñas, y a la prohibición de expulsiones colectivas.

En este sentido, subrayó, es crucial el establecimiento de canales para una migración segura y regular, y su flexibilización y ampliación atendiendo a la realidad de los flujos migratorios mixtos que se presentan en la región.

Asimismo, expuso que los Estados deben fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional para salvar vidas y buscar a las personas migrantes desaparecidas.

María Bances del Rey, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, resaltó que la región se enfrenta a una complejidad de movilidad humana y desplazamiento forzado sin precedentes.

“A finales del 2022 teníamos 108.4 millones de personas desplazadas globalmente, de las cuales el 21.4 millones se encuentran en las Américas, esto es uno de cada seis personas desplazadas”, indicó. Tenemos, además, tres países en las Américas que están dentro de los cinco globalmente receptores de asilo: Estados Unidos, México y Costa Rica.

En su turno, Joel Hernández, relator de la CIDH, adelantó que la comisión está por concluir un informe regional sobre la migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos.