Ciudad de México. Una juez en materia administrativa ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) cumplan en plazo de tres días, la suspensión definitiva que le otorgó a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), donde determinó revisar los programas educativos y verificar el contenido del material educativo para el ciclo escolar 2023-2024 antes de continuar con su edición e impresión.

Sin embargo, ambos organismos públicos promovieron un recurso de revisión para apelar el fallo de primera instancia. El caso se turnó al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien en los próximos días resolverá si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.

La jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del tercer juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, argumentó que la SEP y la Conaliteg han sido omisas en cumplir con la suspensión definitiva que le concedió a la UNPF el pasado 25 de mayo.

“...Requiérase nuevamente a la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para que dentro del término de tres días, acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada en resolución del 25 de mayo de 2023, en que se concedió la suspensión definitiva a Unión Nacional de Padres de Familia, asociación civil”.

“Por otra parte, se reciben los oficios que cuentan con la evidencia criptográfica de la firma de personal adscrito al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de los oficios de agravios e informa que registró los recursos de queja...de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes”, señala el acuerdo.

La juez fijó el próximo 24 de julio para llevar a cabo la audiencia constitucional donde resolverá si le otorga a la UNFP la protección de la justicia federal.

El pasado 25 de mayo, la impartidora de justicia condicionó la impresión y distribución de los Libros de Texto Gratuitos y ordenó que la SEP y Conaliteg verificaran que concuerden los planes de estudio y garantizaran la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas.

En ese entonces cuando concedió la suspensión definitiva, señaló que si no se revisan los programas educativos y se verifica el contenido de los libros, se frena la impresión “para garantizar el interés superior de la infancia.

“De no haberse observado las reglas en comento para la aprobación de planes y programas y libros de texto gratuitos, se suspende la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, y se abstengan de continuar con su edición e impresión, hasta en tanto se haya observado el procedimiento respectivo previsto en la ley para la determinación de dichos planes”, se lee en el acuerdo dado a conocer por medio de la Lista de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.

Estableció que de cumplir con sus señalamientos se podrá continuar con la impresión de los textos.