Ciudad de México. Concesionarios de las rutas 84, 91 y 12 presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia contra el secretario de Movilidad, Andrés Lajous; el subsecretario de Transporte, Luis Ruiz; y el director de Operación y Licencias de Transporte de Ruta, Carlos Gutiérrez Alcalde, por el desvío de 34.4 millones de pesos.

Marisol Hernández Morales explicó que 78 concesionarios resultaron afectados por la entrega “irregular de los 480 mil pesos, por bono de chatarrización que nos correspondían a cada uno, a la empresa Barrios ABC Culhuacanes, atrás de la cual se encuentra Jesús Padilla Zenteno”.

Dicha persona tiene participación en 20 empresas de transporte, como la línea 1 del Metrobús, que corre en avenida Insurgentes y “continúa apropiándose de más títulos de concesión, con apoyo de las autoridades”, afirmó.

Aclaró que, “nunca hemos rechazado participar en una empresa, que significaría cambiar nuestros viejos micros, por autobuses, pero esos funcionarios nos dejaron fuera, sin importar que cumpliéramos con todos los requisitos para sumarnos al nuevo corredor zonal de los Culhuacanes”.

Los bonos de chatarrización que teníamos que haber recibido, se entregaron desde enero a Mercedes-Benz para la compra de 76 camiones, que sustituirá a una flota de 278 unidades viejas y que presentan “un sobreprecio respecto al mercado, que se cargará a los participantes en la nueva línea de transporte”, denunció.

Otros concesionarios que acudieron a presentar la denuncia en el búnker de la FGJ señalaron que el desvío de esos recursos, derivó en fraude y ha dejado en la incertidumbre de manera directa a 78 familias, por lo que interpusieron un amparo ante el Poder Judicial Federal.

De esta manera, “podremos demostrar todas estas irregularidades y exigir la entrega de nuestros bonos para participar en la nueva empresa”, dijeron, al denunciar que “el haber alzado la voz ha llevado a la Semovi a realizar operativos para llevarse nuestras unidades, lo cual no hemos permitido”, puntualizaron.

La Semovi, por su parte, negó las acusaciones de malversación de recursos en la dependencia, y aseguró que “estos grupos minoritarios”, se han negado sistemáticamente a integrarse a los nuevos servicios zonales de Culhuacanes y Centenario.

Mencionó, a través de un comunicado, que a estas personas se les atendió el 29 de junio en la Secretaría de Gobierno, sin embargo, no mostraron los elementos necesarios para sustentar su versión.

Instó a “estos grupos minoritarios a no emitir información falsa y a trabajar en beneficio de sus usuarios”, e indicó que ante los señalamientos hechos hacia funcionarios, éstos se reservan el derecho de emprender las acciones legales correspondientes.