Pese a que la huelga en la mina San Martín está sujeta a investigación bajo el mecanismo del T-MEC, las autoridades laborales “incurren una vez más en la simulación y pueden provocar un enfrentamiento violento entre los trabajadores huelguistas y los esquiroles” de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, en el yacimiento ubicado en Sombrerete, Zacatecas, denunció el Sindicato Nacional de Mineros.
El coordinador jurídico de esta organización gremial, Nahir Velasco, afirmó que a pesar de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) finalmente resolvió que el titular del contrato colectivo es el Sindicato Nacional de Mineros, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, y ratificó el movimiento que está por cumplir 16 años, la autoridad dio un plazo de 15 días a los trabajadores afiliados a la sección 201 para regresar a laborar, sin reparar las violaciones que originaron el conflicto como la libertad sindical.
“Esto puede ser una emboscada preparada conjuntamente por el dueño de Grupo México y la Junta Federal”, ya que ésta “no ha hecho nada por desalojar a los esquiroles que trabajan de manera ilegal en San Martín”, ni por garantizar las condiciones de higiene y seguridad industrial en la mina para no poner en peligro la vida de los trabajadores, apuntó el abogado en entrevista.
Por tal razón, el sindicato minero interpuso un amparo contra el plazo de la JFCA en su resolución, a fin de “mantener las cosas en el estado en que se encuentran” y no se afecten los derechos de huelga y laborales de los trabajadores de Sombrerete. Exigió que el conflicto se solucione de manera integral con base en el mecanismo laboral del TMEC.
“Es un tema de simulación lo que está haciendo Grupo México y en este caso la Junta Federal, la cual debería de garantizar todas estas cuestiones como autoridad que está dirimiendo el conflicto”, indicó Velasco.
José Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 del sindicato minero en Sombrerete, consideró que el laudo emitido por la JFCA “fue muy amañado al darnos dos semanas” para regresar sin la posibilidad de una negociación con la empresa minera, “como si no hubiera pasado nada, cuando se trata de un tema de fondo”, de un conflicto laboral que data desde el 30 de julio de 2007.
Señaló que la resolución de la autoridad laboral fue “con premura, porque estaba detenida desde 2018” y, luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México investiga las violaciones a los derechos laborales de los obreros, la Junta Federal notificó al sindicato minero el laudo en el que declaran que Grupo México es el responsable de la huelga y que está obligado a cumplir con el pago de salarios caídos, prestaciones y a recontratarlos en caso de que reabra.
No obstante, detalló que la JFCA llamó a 208 trabajadores a regresar a laborar, en los que incluye a 37 que fueron liquidados hace tiempo y excluyó a cuatro que ya fallecieron.
Lo correcto son 161 trabajadores activos y 13 fallecidos con los que Grupo México “tiene responsabilidad de pagarle a sus familias”, puntualizó el dirigente sindical.
Otro aspecto que ilustra “la falta de seriedad de la Junta”, expuso, en su resolución es que calcula los salarios caídos de los mineros de la sección 201 con base en el salario que tenían en 2007, que van de los 98.65 pesos hasta los 121.56 pesos, sin tomar en cuenta los recientes aumentos al salario mínimo, “lo cual es notoriamente ilegal y viola sus derechos”.
Núñez Velázquez pidió a la autoridad laboral hacer cumplir el laudo, desalojar de las instalaciones a “los golpeadores que contrató Grupo México” y hacer respetar el derecho de huelga, porque incluso cuando el paro fue declarado ilegal por la JFCA en 2018 y “actuó en forma parcial”, otorgó 30 días para que los trabajadores reanudaran actividades.
