Mexicali, BC. El Congreso local designó a Javier Salas como fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, entidad dependiente de la Fiscalía General del Estado que se encargará de investigar y sancionar delitos cometidos por servidores públicos.
Javier Salas es un abogado con experiencia en la procuración de justicia y en programas preventivos de seguridad pública.
Esta fiscalía que surgió autónoma en noviembre de 2019 y se incorporó a la FGE en 2021 prácticamente ha estado acéfala desde su creación en el gobierno de Jaime Bonilla. Solo un mes fue encabezada por una abogada que renunció en febrero de 2020 ante la carencia de presupuesto e instalaciones.
En esa administración morenista, la primera de la historia de Baja California después de 36 años de priísmo y 30 de panismo, también se "congeló" el Sistema Estatal Anticorrupción y la Sala Anticorrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, donde la secretaria de actas realiza actividades de magistrada.
Morena llegó al poder político estatal con la bandera del combate a la corrupción de las administraciones panistas pero hasta el momento no existe ninguna sentencia contra ex servidores públicos del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ni tampoco sanciones administrativas.
La última semana de junio de 2023, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda envió una terna al Congreso local para que el Poder Legislativo eligiera a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California por mayoría calificada (al menos 17 de 25 votos).
Al ser ungido como fiscal anticorrupción, Salas dijo asumir un compromiso con los bajacalifornianos y expresó su reconocimiento a Ávila Olmeda "por su confianza y cumplimiento en atender una de las demandas de la sociedad como es el combate a la corrupción".
También hizo el compromiso con los diputados del Congreso del Estado "para atender y superar con creces la responsabilidad de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción".
Anunció que conformará un equipo de trabajo de "probada honestidad y eficiencia" y buscará el acompañamiento de la sociedad civil, del sector privado, en especial de los organismos que desde sus trincheras han asumido el combate a la corrupción y, por supuesto, de los colegios de abogados.
