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Obispos de Guatemala exigen respeto a voluntad popular en las urnas

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La Conferencia Episcopal de Guatemala expresó su preocupación por el fallo de la Corte de Constitucionalidad que retrasa la oficialización de los resultados electorales. Foto Afp
03 de julio de 2023 15:59

Montevideo. La Conferencia Episcopal de Guatemala pidió este lunes respeto a la voluntad popular en las urnas y expresó su preocupación por el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que retrasa la oficialización de los resultados de los comicios del 25 de junio pasado.

"El entrampamiento de amparos y contra amparos puede pervertir el sentido de que las elecciones se dirimen en las urnas, ya que la soberanía corresponde al pueblo de Guatemala y no a los tribunales", advirtió el Episcopado en nota compartida en sus redes sociales​​​.

En el texto, los obispos guatemaltecos consideraron fundamental que el Tribunal Supremo Electoral actúe con apego a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y que el balotaje se realice en la fecha prevista, el 20 de agosto.

La Conferencia estimó que las recientes elecciones transcurrieron "en un clima de participación ciudadana dentro de las normas de respeto y emisión libre del voto", y señalaron que sólo en algunos municipios hubo "incidentes de alcance local".

Por ello cuestionan la decisión de la CC de beneficiar a nueve partidos políticos con un amparo que deja en suspenso los datos oficiales de la primera vuelta, ganada por la exprimera dama Sandra Torres (Unión Nacional de la Esperanza, conservador) y el diputado Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla, centroizquierda).

Entre los partidos que interpusieron un amparo ante la CC para la revisión del sufragio destacan el oficialista Vamos (derecha) y la UNE, alegando supuestas anomalías de actas manuscritas en las elecciones.

En un comunicado, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos señaló que las impugnaciones de las elecciones fueron bastante bajas, por lo que a su consideración no existen razones para pensar en irregularidades.

 

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Y en ese sentido instó a que el “Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar".

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