Ciudad de México. Tras años de denunciar que la empresa Grupo México les ha negado el derecho a la seguridad social, entre otras irregularidades, 657 trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Minero de Cananea, Sonora, fueron inscritos desde el sábado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras la gestión del gobierno federal, afirmó dicho gremio que lo calificó como logro histórico.

Ésta era parte de las exigencias que han manifestado desde que iniciaron una huelga hace 16 años, y lo cual, insistieron mediante una carta pública dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, les “fue negado por Grupo México y su dueño German Larrea, aun cuando estaba obligado hacerlo nunca nos otorgó este servicio a los mineros”.

La Sección 65 del Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, recalcó en dicho documento que con ello ven concretada una parte del plan de justicia para Cananea.

“Nos complace este logro histórico en su gobierno, siempre pensando en los más vulnerables en esta lucha tan desigual, donde usted, ha dado fe de los innumerables actos de corrupción que utilizó German Larrea para exterminar a los trabajadores y a su sindicato que le alzaron la voz para corregir las condiciones de inseguridad que prevalecían en las minas antes de estallar la huelgas”, expresaron al mandatario.

Además, apuntaron que después de las mesas de negociación que encabezó el ahora ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, “hoy podemos decir que German Larrea ya no manda en las Secretarías de estado y que los privilegios que él ostentaba se han terminado gracias a usted (el presidente López Obrador), que le marcó un alto a la corrupción que este empresario utilizó como instrumento para aumentar sus riquezas pasando por encima de los trabajadores”.

También, agradecieron al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y al Director General del IMSS, Zoé Robledo.

Los trabajadores han pedido, además, la restitución de su derecho al trabajo y el pago de salarios caídos, con base en la recomendación que hizo al Estado mexicano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.