Bogotá. Salvatore Mancuso, uno de los mas altos jefes del paramilitarismo de este país, habló vía internet a la sociedad, a sus miles de víctimas y a los magistrados que lo procesan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A mediados de mayo, en una audiencia de reconocimiento de los crímenes de guerra y lesa humanidad, respondió durante cuatro días al interrogatorio desde un centro de detención migratorio en Estados Unidos.

Como si fuera un alto ejecutivo en una sesión de home office, Mancuso pasó horas describiendo cómo ordenó masacres y homicidios selectivos (mas de 56 mil víctimas civiles, según la Comisión de la Verdad); cómo y dónde su gente hizo desaparecer cuerpos, cómo robaron tierras y bienes que revendieron luego, generando para ellos enormes fortunas y millones de víctimas desplazadas.

Citó con nombre y apellido a quienes, desde las más altas esferas del gobierno y del ejército, los apoyaron y encubrieron, y con frecuencia cómo los militares participaban en sus operaciones. Cómo traían lotes de armas de diversos países; cómo crecieron, se multiplicaron e incursionaron en la política, la tristemente famosa parapolítica. Hasta se jactó: “Llegué a ser más poderoso que el propio presidente”. Solamente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con Mancuso y los hermanos Castaño al frente llegaron a sumar 60 mil elementos.

Un año antes, ante ese mismo órgano de justicia transicional que forma parte de los Acuerdos de Paz, los siete máximos dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), admitieron delitos cometidos bajo sus órdenes. Esto fue en el macro caso 01, que juzga a los excomandantes por haber tomado la decisión de ordenar a todos sus frentes secuestrar a civiles, policías y militares durante la guerra, primero como una política para canjear a sus rehenes por sus combatientes presos, pero después con simples fines de allegarse recursos. De un estimado de 21 mil víctimas, más de 3 mil presentaron sus casos.

En esa ocasión las audiencias vieron a un Roberto Londoño (Timochenko su nombre de guerra) devastado, sosteniendo la cabeza entre las manos; a un Pablo Catatumbo al borde del llanto al admitir el sufrimiento causado, al describirse como “un hombre distinto” ahora, después de ver a los ojos a sus víctimas; a un Pastor Adape lidiando con la angustia al escuchar los cargos, expresar su arrepentimiento y pedir perdón.

Y en fecha distinta, se transmitió el proceso de la mega causa 03 contra varios oficiales del ejército detallando frente a las familias de los hombres secuestrados y asesinados, cómo operaban los llamados “falsos positivos”, campesinos y jóvenes arrebatados de sus casas y asesinados, para después ser contabilizados como “guerrilleros dados de baja en combate” para cumplir cuotas impuestas por sus superiores para simular victorias en combates inexistentes o simplemente obtener prebendas. “Siento vergüenza ante ustedes, ante mi país y mis hijos”, dijo llorando un oficial de inteligencia que palomeaba los nombres de los inocentes que iban a ser sacrificados.

¿Cómo se sanciona a estos perpetradores en este modelo de justicia restaurativa, única en el mundo?

El magistrado presidente de la JEP Roberto Carlos Vidal, en entrevista con La Jornada, explica que una persona que se somete a esta jurisdicción tiene que acatar obligatoriamente los compromisos de no volver a delinquir, no volver a tomar las armas, ofrecer toda la verdad exhaustiva y detallada. A raíz de estas revelaciones, mediante una comisión de búsqueda, ya fueron halladas varias fosas masivas y cientos de restos humanos.

“Y a cambio de esto todos quedan en libertad condicionada”, señala.

Admite que esto “no es fácil de entender desde la perspectiva de otras jurisdicciones, de México o cualquier otro país”, pero en Colombia, que ha vivido una serie de guerras cruentas en el último siglo, “hemos comprobado que tiene muchas virtudes y méritos”.

Explica: “En un conflicto armado es sumamente complejo investigar y juzgar delito por delito. De hecho, se intentó durante mucho tiempo. En Colombia hay millones de causas abiertas por el conflicto armado, no hay juez que pueda tramitar esto, no hay un país en el mundo con suficientes tribunales para eso. Entonces, a pesar de la voluntad de los jueces, se produce un efecto de impunidad.

“Esta es la justicia diseñada sobre lo posible. No se juzgan todos los crímenes, solamente los no amnistiables, definidos dentro de los macro casos, y solamente a los máximos responsables. A cambio de eso logramos grandes aportes de verdad y reconocimiento de responsabilidad de los perpetradores”.

Sin olvido

La JEP, producto de los Acuerdos de Paz que firmó el Estado colombiano con las FARC en 2016 en La Habana, atiende un universo de 12 mil víctimas que llevan décadas de trabajo organizativo, de documentación, de acompañamiento psicosocial y lucha por la verdad. Vidal López, nombrado en el cargo por el presidente Gustavo Petro, viene de la academia como penalista después de trabajar, durante décadas, también con el tema de “la centralidad de las víctimas”.

Y este concepto de centralidad se expresa físicamente en el área de recepción del edificio donde despacha la JEP, donde se exhibe una exposición permanente con fotografías de cientos de personas desaparecidas durante el conflicto, presidida por el lema: “Sin olvido”.

--¿Las víctimas aceptan que los perpetradores no vayan a la cárcel?

--Las demandas fundamentales de las víctimas: una aproximación a la verdad, saber qué pasó, porque pasó y cómo fue, cuál fue el destino de sus seres queridos. Dicen también que si se logra la no repetición es un paso gigantesco, porque ellos siguen todavía en una dinámica muy fuerte de repetición de los hechos de violencia.

Esto funciona bien para caminar hacia la pacificación. La cárcel no funciona como un disuasivo para esta gente que viene de años combatiendo en grupos armados. La

justicia restaurativa da mejores resultados. Los comparecientes, a los que no se les llama acusados, entran a trabajar en proyectos con víctimas. Nos pone en el camino de la reconciliación.

A los responsables se les juzga por haber cometido crímenes de lesa humanidad, no por haberse levantado en armas. Eso ya se lo perdonó el estado en el acuerdo de paz.

Ahora esa gente en armas está formando familias, están haciendo una nueva vida, están participando en política. Es importantísimo que exista el Partido Comunes, que los militares retirados sean actores sociales y políticos reconocidos. Y ese es el cinturón que nosotros podemos aportar para la no repetición.

--¿Las audiencias de la JEP aportan información sobre hechos que no se conocieran?

--Por los mecanismos de participación que tenemos, sí salen a la luz hechos que antes no se conocían o que la justicia conocía, pero no las víctimas ni la opinión pública. Las audiencias son abiertas, con un proceso de participación de las redes de víctimas muy grande, con canales de muy amplia difusión. Y ese es parte de la innovación que hace de esta jurisdicción algo muy especial”.

Lo no amnistiable

--¿Qué son los macro casos?

--Son los que procesan los crímenes no amnistiables. Una de las decisiones más complejas que tuvo que tomar la jurisdicción fue definir los 10 macro casos. Está por definirse un onceavo. La discusión estuvo abierta durante cinco años a las propuestas de todas las redes de víctimas y de la sociedad para que presentaran lo que piensan que son los casos más importantes, más graves. Con todo el material que se presentó, que son miles de expedientes, tomos enteros, se va a integrar una biblioteca, con alrededor de 150 bases de datos, con alrededor de 20 millones de entradas, que constituyen un archivo histórico importantísimo.

En estos 11 casos también se buscó tener una representatividad de todo el territorio. Fue clave el trabajo de la Comisión de la Verdad.

El centro para que funcione bien este mecanismo es la admisión de responsabilidad. En este caso ya no hay acusación porque ellos admiten el hecho. De ahí pasa la diligencia a un tribunal en donde ellos afrontan las consecuencias. No es ir a la cárcel. Las condenas son de cinco a ocho años fuera de la cárcel obligados a realizar proyectos que contribuyan a la reparación de las víctimas.

—¿Cómo se relaciona la JEP con la Fiscalía General de la República?

—La construcción de una institución de justicia transicional empezó en 2005 con la negociación con los grupos paramilitares. Fundamental también fue que Colombia firmara los convenios de la corte penal internacional.

Se necesitaba que el Estado tuviera la mayor cantidad de herramientas para lograr la paz. Y una parte muy importante es una amnistía lo más amplia posible. El 90 por ciento de las FARC fueron amnistiadas; lo mismo con los paramilitares.

Pero para la Corte Penal hay crímenes que no son amnistiables. En el caso del conflicto colombiano son el 10 por ciento.

En un primer momento fue sujetarnos a la justicia colombiana. Se crearon salas especiales de justicia para la paz, ahí fue donde se juzgaron a los paramilitares en 2005. Fue un laboratorio con aciertos y desaciertos. Ya con los acuerdos de paz firmados, la nueva fórmula, que no anula la anterior, fue crear la JEP, con tribunales especiales afuera de la justicia ordinaria, con un presupuesto y una administración autónomas. Y no depende de la fiscalía sino de una fiscalía propia que se llama Unidad de Investigación y Acusación.

Esto quiere decir que el Estado colombiano tiene una respuesta a través de la justicia ordinaria, a la que están sujetos los paramilitares. Y otro que es la guerrilla y la fuerza pública que es a través de la JEP.

Los magistrados de nuestra jurisdicción fueron seleccionados por un panel con un representante del sistema de derechos humanos de la Unión Europea, uno de la ONU y otro del sistema interamericano, un representante de las universidades y un representante de la Corte Suprema. Nos presentamos tres mil candidatos, eligieron a 38. No tuvieron injerencia ni los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque. Gustavo Petro tampoco. El 60 por ciento de los magistrados son mujeres, 15 por ciento son juristas indígenas y negros, con una representación de casi todo el país y con una diversidad de edades que van desde magistradas en sus treintas hasta mayores de 60.

Las amnistías se otorgan en dos salas. En los casos no amnistiables, que van a otra sala, solo se juzga a los máximos responsables.

--¿Qué es lo que pasaba antes de las JEP?

--Tomemos por caso el juicio a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Esto estaba lleno de soldados y oficiales de bajo rango, tenientes, que son los que habían disparado. Pero nunca se podía escalar en la cadena de mando militar.

Aquí lo hemos hecho a la inversa, la gente de más bajo rasgo viene, reconoce su responsabilidad, aporta la verdad y se acoge a la amnistía. Y nosotros nos encargamos de juzgar a los oficiales de más alto rango. Han admitido responsabilidad 28 coroneles, dos generales y gente de rango alto en la toma de decisiones. Estos reconocimientos han sido muy valiosos para las víctimas, por que los responsables responden por sus actos ante ellos. Eso ha tenido un valor inmenso.

—Ahora que se despeja el panorama de un posible acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ¿Los desmovilizados de sus filas también podrán acogerse a esta justicia transicional?

—La regla es la misma. La gente que esté dentro del margen de lo amnistiable deberá ser amnistiada y la gente que esté en los casos no amnistiable tendrá que ser juzgada. Nosotros lo que decimos es que en la JEP hay ya una experiencia acumulada, pero está en el borde de su capacidad. Tendríamos que crecer para poder admitir más casos.