Un juez federal le otorgó una suspensión de plano a Angélica Sánchez Hernández, jueza de Veracruz, contra posibles actos de tortura o maltratos dentro del penal de Centro de Readaptación Social de Pacho, Viejo, donde permanece privada de la libertad. La togada afirmó que su vida está en riesgo al interior del penal por su perfil de juzgadora y porque es víctima de persecución política por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Al respecto, Roberto Santos Maldonado Morales, juez de control, informó que ordenó a las autoridades del penal respetar los derechos humanos e integridad de la impartidora de justicia, resguardarla en lugar separado de la población de internos y abstenerse de proferir cualquier tipo de maltrato.

Por su separado, el director del centro penitenciario señaló que dio cumplimento a la suspensión de plano e indicó no se le ha infligido a Angélica Sánchez ningún acto de tortura, maltrato o incomunicación y que se le ha facilitado la comunicación con su familia, amigos y abogados para garantizar sus derechos humanos. 

Sánchez Hernández promovió un juicio de amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso el pasado 16 de junio, ya que es acusada por la fiscalía estatal de tráfico de influencias y delito contra la fe pública.

En su demanda, la juez apeló la determinación del juez de control de realizar la audiencia inicial de forma privada, lo que aseguró, “constituye un acto de imposible reparación, en el sentido de que se afecta uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio sin una justificación válida”.

Pero no sólo eso, reclamó la resolución que declaró improcedente la nulidad de la orden de captura, ya que se emitió por una autoridad incompetente por razón de territorio y porque contaba con una suspensión provisional; incluso, mencionó que cuando fue detenida en la Ciudad de México, los elementos de la Guardia Nacional (GN) no le mostraron el mandamiento judicial.

No obstante, dos jueces de distrito se declararon incompetentes para resolver el juicio de amparo. Fabiola Viridiana Ramos Castillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en materia Penal, explicó que la demanda debe ser resulta por Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito, toda vez que fue quien le otorgó la suspensión contra la orden de aprehensión.

León Linarte rechazó asumir la competencia, debido a que los actos reclamados en los dos juicios de amparo no guardan relación entre sí, al no derivar de la misma carpeta de investigación o causa penal. El caso se podría turnar a un tribunal colegiado para que resuelva el conflicto competencial.