En medio del secuestro de 16 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas, el martes pasado, continúan las denuncias sobre la violencia del crimen organizado en comunidades originarias de esa entidad.

El pueblo Chicomuselo manifestó que estos grupos operan “con total impunidad con el objetivo de controlar el territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por derecho de piso”, violentando los derechos humanos.

En una carta pública, denunció el ingreso de personas armadas que presionan e intimidad a los ejidos para permitir el saqueo de material minero, como en el caso de Santa María, Grecia y Nueva Morelia.

Existe “presión y control social, político y sicológico de diferentes grupos para que el pueblo tome partido por uno y por otro”. De igual manera, “asesinatos de mujeres y hombres para provocar una sicosis colectiva de control social”.

Asimismo, señaló, hay “amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación” a servidoras y servidores de la parroquia San Pedro y San Pablo Chicomuselo.

En la misiva dirigida a los tres niveles de gobierno y a organismos de derechos humanos, entre otros, denunciaron también “la violencia contra las mujeres y niñas que se da en total impunidad”.

Ante ello, habitantes de Chicomuselo exigieron que se cumpla el estado de derecho para la sociedad “sin llegar a la militarización de nuestras comunidades”. De igual manera, que cese al saqueo y explotación minera y se brinde atención a los casos violación de mujeres y niñas, así como el acceso a la justicia.

“No a la remunicipalización que pretende reestructurar el territorio para debilitar la capacidad y la fuerza organizativa de nuestro pueblo”, enfatizaron.