Ciudad de México. La violencia contra personas defensoras de derechos humanos “se mantiene en números alarmantes” en América Latina, pues entre enero y abril de este año se han documentado al menos 33 asesinatos de defensores, cifra superior al mismo periodo de 2022, cuando se registraron 27, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Destacó que la mayoría de estos ataques siguen siendo contra defensores del medio ambiente, la tierra o el territorio.

Indicó que en Colombia recibió 71 denuncias sobre asesinatos de personas defensoras, de las cuales 13 han sido verificadas. En Brasil suman al menos ocho y en Honduras se registran seis.

En el caso de México, expuso que las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) indican que por lo menos cuatro personas defensoras fueron asesinadas:

En abril, el defensor de la tierra Félix Vicente Cruz, en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, y el del medio ambiente Eustacio Alcalá Díaz, en Chinicuila, Michoacán. En marzo, el defensor LGBTI+, Gustavo Robles Taboada en Cuautla, Morelos, y en febrero el ambientalista Alfredo Cisneros Madrigal, en Los Reyes, Michoacán.

Cabe recordar que en junio fue asesinado el ambientalista Álvaro Arvizu Aguiñiga, quien era pilar en el trabajo del Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada Incalli Ixcahuicopa (Centli), en el estado de México.

Adicionalmente, la CIDH refirió que en abril tuvo conocimiento sobre la desaparición del defensor indígena Alejandro Ortiz Vázquez en Metlatónoc, Guerrero, y en enero, la de los defensores Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes en Colima. Sobre estos dos últimos, indicó, el Estado informó a la Comisión estar realizando investigaciones y acciones de búsqueda en el último lugar donde fueron vistos y estar llevando a cabo un trabajo coordinado entre instituciones locales y federales para lograr dar con el paradero o establecer la situación en la que se encontrarían.

Agregó que sobre México tuvo conocimiento sobre la desaparición y posterior localización con vida del defensor indígena wixariti Santos de la Cruz Carrillo, en Nayarit, y el de Daniel Gómez Sántiz, en Chiapas.

Indicó que también tuvo información sobre el uso del malware Pegasus “como método para espiar a personas defensoras y organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, entre ellas al defensor Raymundo Ramos y a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)”.

Manifestó que cualquier acción intrusiva de los dispositivos de comunicación debe ser respaldada por un marco legal y transparente que esté acorde con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, garantizando los principios de necesidad, proporcionalidad, y un objetivo que sea legítimo y conforme a dichas normas.

En un pronunciamiento, la CIDH manifestó su preocupación por la persistente violencia e intimidación en contra de defensores en América Latina y llamó a los Estados a protegerlos “con medidas y acciones concretas que incluyen la investigación de los hechos de violencia”.

Precisó que en el caso de Colombia la ONU-DH recibió 71 denuncias sobre asesinatos de personas defensoras, de las cuales 13 han sido verificadas. En tanto que el Estado reiteró su compromiso con el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

El gobierno destacó que entre enero y mayo de 2023, la Fiscalía General de la República ha avanzado el esclarecimiento en 44.17 por ciento de los homicidios que se investigan en jurisdicción ordinaria, incluyendo 16 casos con sentencia condenatoria, 51 casos en juicio, 41 con imputación de cargos, 65 en indagación con orden de captura y siete recluidos por muerte del indiciado.

Señaló que la Unidad Nacional de Protección protege y garantiza la seguridad de 3 mil 745 líderes sociales y defensores de derechos humanos de manera individual y estaría desplegando una serie de actividades encaminadas a proteger y garantizar la seguridad de 220 colectividades.

Otro de los países en los que se han documentado asesinatos de defensores es Perú, con al menos dos.

La comisión urgió a los Estados a investigar de forma exhaustiva, seria e imparcial, y a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa.

De igual forma, buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición.

Durante este periodo, la Comisión también recibió información sobre discursos estigmatizantes que buscan desacreditar la labor de defensa de derechos humanos en países como El Salvador, Guatemala y Perú, que provienen desde las más altas autoridades de los Estados, en los que se les acusa de "terroristas" o "delincuentes internacionales", entre otros.

Al respecto, insistió en que, la descalificación de las labores realizadas por personas defensoras de derechos humanos a través de pronunciamientos públicos por parte de personas funcionarias del Estado, genera una estigmatización, y a la vez, puede generar un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población que dificulte el ejercicio legítimo de su libertad de asociación.