Buenos Aires. Mientras la Secretaría de Derechos Humanos de la nación presentaba ante la justicia penal una lista de los graves delitos cometidos por la policía de Jujuy durante la brutal represión de los últimos días en contra de la población que se resiste a la aplicación del la Constitución local, el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, llegó a Buenos Aires para aceptar la candidatura a vicepresidente de la nación, propuesta por el intendente de la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los dos contendientes de la coalición ahora de extrema derecha de Juntos por el Cambio, que apoyó abiertamente lo actuado por el mandatario provincial y lo ratificó en un discurso amenazante de continuar el “ejemplo” jujeño para guardar “el orden” en todo el país.
Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, solicitó abrir una investigación y disponer las medidas necesarias para determinar las posibles responsabilidades penales de los funcionarios involucrados durante la represión y presentó todas las pruebas que se han registrado, entre ellas el uso de armas no letales, como los disparos de balas de goma y sus consecuencias, así como las denuncias que no pueden negar las autoridades sobre la actuación de policías infiltrados de civil, quienes marcaban a los que debían ser detenidos, así como deidcarse a destruir negocios con violencia, allanar casas y secuestrar a personas en camionetas blancas que pertenecen a una empresa privada contratada por el gobierno.
Los cortes de rutas continúan en las poblaciones amenazadas de robarles sus tierras para emprendimientos que favorecen a empresas extranjeras, estando el litio de por medio, además de otros “negocios” oscuros. En Jujuy no sólo hay aún detenidos, perseguidos, sino también amenazas a los únicos periodistas que cubren y han cubierto día por día la represión, que está además filmada por muchos pobladores.
Las comunidades originarias, y el “malón por la paz”, como llaman a la defensa de sus derechos, denuncian desaparecidos que no figuran en las lista de detenidos, ni de hospitalizados. En los cortes de ruta ahora se reemplaza a la policía local por la gendarmería nacional, enviada por el gobierno del presidente Alberto Fernández, con la finalidad de negociar y terminar con la represión, rechazada por todos los sectores sociales.
A su vez, Gerardo Morales llamó a una manifestación de productores y empresarios, que también fue cómplice de la pasada dictadura militar, ayudando y entregando a sus trabajadores, varios de ellos desaparecidos. Los docentes no resignan sus demandas, ante la “insuficiente” oferta del gobierno y lo mismo sucede con empleados municipales y estatales.
Por su parte, los integrantes de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que llegó a Jujuy declararon en conferencia de prensa que han constatado la presencia de vehículos no identificados tomando registro en el lugar donde la Misión recibe los testimonios. “No aceptaremos intimidaciones que pretendan condicionar a las víctimas que se acercan a aportar sus relatos”, sostiene un comunicado, en el que responsabilizan a la policía local y al gobernador Morales “por la integridad física y mental tanto de quienes se acercan a brindar testimonios como de la delegación”.
La misión tiene previsto que el próximo lunes podría enviarse un informe preliminar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los organismos internacionales que corresponda.
Por otro lado, el avión Skyvan PA-51, utilizado en 1977 para arrojar vivas al mar a tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas en uno de los “vuelos de la muerte”, fue recibido en Buenos Aires por un emocionado grupo de familiares de víctimas de la última dictadura militar (1976-1983).
En la última década el aparato estuvo en Estados Unidos, en una empresa que lo usaba para vuelos de paracaidismo.
