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Preocupan a ONGs declaraciones de AMLO sobre violencia en Chiapas

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El presidente Andrés Manuel López Obrador durante conferencia de prensa matutina. Foto Cristina Rodríguez
23 de junio de 2023 19:37

Ciudad de México. Organizaciones manifestaron su preocupación por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, sobre que “no son graves ni extendidos” los ataques contra comunidades zapatistas en Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) aseveró que “el negacionismo” de esta violencia por parte del jefe del Ejecutivo profundiza la impunidad “impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos”.

Particularmente, destacó, “promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupo armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región de Moisés y Gandhi”.

En un pronunciamiento, sostuvo que los ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego.

El Frayba resaltó que todo ello ha sido denunciado por los pueblos zapatistas. Sin embargo, indicó que a pesar de que esta organización ha realizado intervenciones ante las autoridades del gobierno estatal y federal para que respeten y garanticen la vida e integridad física y sicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la región de Moisés y Gandhi, “han sido omisas”.

A la par, agregó, el grupo armado responsable, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), “actúa con total impunidad”.

El Frayba también lamentó “la difamación” en contra de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos en Chiapas, “que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado”.

Ello, continuó, ha impactado en los pueblos, “en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente”.

Señaló que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones.

Raúl Romero, de la Red Universitaria Anticapitalista, expuso que la narrativa del presidente López Obrador sobre lo que sucede en las comunidades zapatistas garantiza “impunidad e incentiva los ataques” contra éstas.

En redes sociales, compartió una lista de agresiones de grupos paramilitares en la actual administración. El registro recuerda que el 22 de mayo pasado la Orcao “atacó (por varios días) con armas de grueso calibre a bases de apoyo zapatistas en la comunidad autónoma Moisés Gandhi”, donde Gilberto López Sántiz resultó gravemente herido”.

Además, el 19 de junio dicho grupo “atacó nuevamente, de manera coordinada, tres comunidades de base de apoyo zapatista. Incendiaron territorios y dispararon con armas durante tres días”.

La Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos expresó su preocupación por las declaraciones que en este contexto hizo el jefe del Ejecutivo en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos. “El ejercicio de defensa de derechos humanos es de alto riesgo”, aseveró, por lo que “el cambio de ese discurso presidencial es clave para garantizar la protección a personas defensoras”.

 

 

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