"La violencia llegó a las puertas de la casa abierta el tiempo", ya que el ataque contra el ambientalista Álvaro Arvizu Aguiñaga dentro del Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada Incalli Ixcahuicopa (Centli), "fue a un ataque a una universidad pública, pero no nos van a espantar", denunciaron académicos e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
A nueve días del atentado dentro de la sede de investigación de esta institución académica, los docentes aclararon que no fue un robo, sino que "iban directo por Álvaro. Fue un asesinato premeditado, a quien torturaron por más de 20 minutos", denunció el director académico del Centli, Carlos Vargas Cabrera.
Pero "no vamos a permitir que el crimen organizado se apodere de la universidad", aseveró el profesor del departamento de Sociología e investigador de varios proyectos ambientales, Pedro Moctezuma Barragán.
Los académicos de la UAM ofrecieron una conferencia de prensa para remarcar que la investigación que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) es por homicidio agravado, ya que simularon el asalto al inmueble, pero no se llevaron nada de los equipos especializados que utilizan en sus proyectos.
La coordinadora universitaria para la sustentabilidad de la UNAM, Leticia Merino Pérez, puntualizó que el ataque dentro del Centli es a toda la UAM. "No solo es un asesinato, lo que sucedió con Álvaro, Carlos y Rebeca es indecible e intolerable, lo que pasó nos puede pasar a todos. Todos somos Álvaro".
Mientras que la coordinadora del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM, Eloísa Domínguez Mariani, señaló que fueron hechos premeditados, "el ataque a Álvaro fue contra un defensor del medio ambiente", por lo que se sumó a la exigencia de justicia y cese de agresiones en contra de los ambientalistas.
Por su parte, el investigador de la UAM Xochimilco, Roberto Constantino Toto, acusó que "fue terrible lo que pasó. En el país las personas involucradas en la defensa del medio ambiente son objeto de agresiones y es algo que ocurre con más frecuencia de lo que se sabe".
Ante este hecho, los académicos demandaron justicia y pidieron a la FGR que haga una investigación exhaustiva y que la Secretaría de Gobernación se involucre en garantizar la gobernabilidad en esta región del estado de México.
