Ciudad de México. La reactivación de 16 órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014, “es una rectificación que, de traducirse en la apertura de procesos legales, puede contribuir a que avance la justicia en el caso”, aseveraron las organizaciones que acompañan a los familiares de las víctimas.

Los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como Serapaz y Fundar enfatizaron que la reactivación de estas órdenes había sido una exigencia constante de las familias, “luego de que fueron arbitrariamente suspendidas por una intrusión ilegal en la investigación”.

En un pronunciamiento, recordaron que incluso dicha intromisión motivó la salida de Omar Gómez Trejo, quien estaba al frente de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, cuando en agosto del 2022 se libraron 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, pero que después fueron canceladas.

Para que la reactivación y ejecución de órdenes de aprehensión contra militares se traduzca “en un verdadero avance hacia la justicia, aún debe dictarse auto de formal prisión contra dichos servidores públicos castrenses por parte del juzgado que conoce la causa”, manifestaron las organizaciones.