Xalapa, Ver. Debido a las irregularidades en el proceso, un representante de la Oficina del Alto comisionado de la ONU y abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) acudieron este miércoles a los juzgados de Pacho Viejo, Veracruz, para acompañar a la defensa de la jueza Angélica Sánchez Hernández, en la continuación de la audiencia inicial, que inició a las 10:00 horas de este miércoles, y en donde se definirá si es vinculada o no a proceso por los delitos de tráfico de influencias y delitos contra la fe publica.
“Venimos a acompañar a la defensa de la jueza Angélica Sánchez porque hemos visto las múltiples irregularidades en el proceso que se sigue en su contra, incluyendo la decisión del juez de no celebrar la audiencia de manera pública, para que pudieron ingresar los medios”, dijo Jaqueline Saenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico del El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en su arribo a los juzgados.
#VideosLaJornada Ricardo Aguilar, abogado de la #jueza Angélica Sánchez Hernández, señaló que debido a irregularidades en el proceso de su cliente, un representante de #Acnudh y litigantes del #IFDP acudieron a los juzgados de Pacho Viejo, #Veracruz.
— La Jornada (@lajornadaonline) June 21, 2023
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Saenz Andujo señaló que la acusación contra la jueza deriva de su labor jurisdiccional, al acatar una sentencia federal de amparo, en donde Sánchez Hernández decidió no vincular a proceso a una persona, dado que al hacer una valoración de las pruebas, no contaba con elementos para hacer la vinculación a proceso.
Además, tras su determinación, la jueza hizo una serie de señalamientos al Centro de Reclusión, donde se encontraba esta persona detenida, para que fuera puesta en libertad.
“Es a partir de esta acción que se le realiza la imputación de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, eso en un contexto donde hemos escuchado reiteradamente señalamientos en su contra”, dijo la titular de la Unidad de Litigio Estratégico del IFDP.
Y agregó que para el Instituto Federal de la Defensoría Pública “vemos con mucha preocupación que este procedimiento en contra de la jueza se inserte en un contexto en donde se atenta contra de la independencia judicial, y que violenta su presunción de inocencia”.
Saenz Andujo criticó el proceder del juez de control que lleva el caso, por decretar de carácter privada la audiencia inicial, a pesar de que con ello atenta contra los principios que rigen el proceso penal oral, como es el de máxima publicidad.
“Nos parece lamentable que en contra de los principios que rigen el proceso oral, que es la publicidad, se haya tomado la decisión de no hacerla pública, y nos parece también lamentable que se hagan estas declaraciones públicas afectando la presunción de inocencia”.
Sobre los dichos del mandatario veracruzano Cuitláhuac García en torno a la jueza, dijo que “lo importante es que esos dichos que se han mencionado en medios estén acreditados con pruebas dentro del proceso. No nos consta, no tenemos conocimiento de pruebas en ese sentido.
Lo que si sabemos es que la narración de hechos que hace la fiscalía, de acuerdo con o que se le imputa no hace referencia a estos hechos, y sólo tiene que ver con la narración de las decisiones que hizo respecto al cumplimiento y acatamiento de una sentencia federal de no vinculación a proceso, y las exigencias que eso implicaba respecto a la liberación de la persona que a palabra de la fiscalía, resultaban en gestiones excesivas y es por eso que se le acusa, y por dar un número de amparo de manera errónea, un error humano que cualquiera puede tener”.
Contaba con una suspensión provisional que fue desacatada, hemos insistido en que el viernes 16 de junio, en el momento que personas no identificadas, que le dijeron que iban en cumplimiento de una orden de aprehensión, ella les mostró la suspensión con al que contaba, era una suspensión provisional, que protege la libertad de la persona, amparada, y frente a eso, el juez manifestó que no había sido notificado de esa suspensión, y en esa medida podía dictar una orden de aprehensión, nosotros hemos diferido de esa postura, creemos que se esta en una violación a esa suspensión, y eso es un acto muy grave, el abogado particular ya denunció este tema dentro del juicio de amparo, que hay un incumplimiento de esa suspensión, y eso puede derivar en delitos previstos en la ley de amparos.
La defensa del presidente, yo diría que los pronunciamientos que ha habido es una forma de atentar con la independencia judicial, me parece que en todo caso a la fiscalía le corresponde sostener los elementos que tengan, y esos no son elementos suficientes para sostener una acusación, y hay un uso desproporcionado y faccioso del sistema penal , que se ha visto en otros casos también.
Me parece que justo que los poderes ejecutivos realicen este tipo de manifestaciones inhiben el actuar, y eso nos preocupa también por que quien tiene que resolver la situación de la jueza, no podemos garantizar temas de imparcialidad, de independencia judicial, es una preocupación.
Ejecutivo federal y estatal, y en las irregularidades, es que el El Instituto Federal de Defensoría Pública IFJP, presentamos CIDH medidas cautelares este contexto como elemento central, que se han materializado en hechos contra la jueza, esta información a procedimiento a relatoría sobre independencia judicial de la ONU.
No tendría que haber una acusación de la jueza por su resolución judicial, no tendría que haber estado privada de su libertad.
No importa que después queden libres, que estén presos hasta que llegue un amparo, el gobernador ya se reunió con jueces, y también se habla que poder judicial que está presionando a sus jueces.
Hasta donde sabemos son las menciones en medios y tenemos preocupación, que ejerza este tipo de control.
Sofía de Robina, secretaria Técnica de Combate a la Tortura IFDP, y Jaquelín Saenz, titular de la Unidad de Litigio Estratégico del IFDP
