Ciudad de México. Al cumplirse un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en Cerocahui, Chihuahua, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a adoptar estrategias “coordinadas y efectivas”, que coloquen en el centro a los pueblos y comunidades indígenas, y pongan fin “al círculo de violencia” en la Sierra Tarahumara.

Indicó que el desarrollo de una estrategia de seguridad con perspectiva de derechos humanos requiere fomentar espacios amplios de diálogo con actores sociales que permitan conocer las distintas necesidades bajo un enfoque diferenciado”, sostuvo en un pronunciamiento.

En el marco de su misión a la Sierra Tarahumara, la ONU-DH señaló que pudo atestiguar “una vez más como, a través de distintas acciones, la comunidad jesuita, organizaciones indígenas y otros colectivos contribuyen de manera determinante para que los pueblos y comunidades indígenas puedan tener, al menos parcialmente, acceso a sus derechos a la salud, la educación, la soberanía alimentaria, el agua y un medio ambiente sano, así como a los derechos a su la libre determinación y autonomía, y a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales”.

En este sentido, al informar que acompañó las conmemoraciones en Cerocahui, al cumplirse un año del asesinato de los sacerdotes y del guía turístico Pedro Eliodoro Palma, por parte de un integrante del crimen organizado, reconoció la labor de la comunidad jesuita y recordó que las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara necesitan ver garantizados sus derechos a la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo.

“En el contexto de marginación y exclusión que por décadas han vivido las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, la labor que ha llevado a cabo la comunidad jesuita es un referente en la promoción y protección de los derechos humanos”, señaló Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH.

“Este artero crimen generó un efecto amedrentador, tanto para las personas defensoras de derechos humanos que laboran en la Sierra Tarahumara, como para las mismas comunidades que protegen, poniendo así de relieve la urgencia de adoptar medidas que aborden las causas estructurales de la violencia y marginación en la zona”, agregó.

La ONU-DH también refrendó su compromiso para seguir acompañando a las personas defensoras que laboran en favor de los derechos de las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara y su exigencia por la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por este caso.