San Cristóbal de Las Casas, Chis. Autoridades de 18 comunidades ubicadas en la zona de los Chimalapas, solicitaron al gobierno federal “que a la brevedad posible haga un llamado a la paz y exhorte a los integrantes de las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca para que respeten la propiedad y posesión que nuestras comunidades tienen sobre nuestras tierras, así como para que se abstengan de proferir amenazas o provocaciones y que, en todo caso, los conflictos se diriman por vías institucionales ante las autoridades respectivas, a fin de que no se aliente la violencia, ni se altere el orden”.
En un documento manifestaron que está en riesgo la seguridad e integridad personal de los pobladores de las 18 comunidades ubicadas en los límites de Chiapas y Oaxaca, así como la propiedad y posesión sobre sus tierras.
“Existe un clima de crispación social que las autoridades responsables sólo administran y que puede provocar situaciones de violencia sumamente graves y las propiedades y posesiones agrarias de los ejidos”, dijeron.
Expresaron que el conflicto se agravó luego del resolutivo 121-2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “que definió que deben moverse los límites entre Chipas y Oaxaca y le devuelve a este último 162 mil hectáreas dejándonos en la indefensión a 18 comunidades diversas y enviándonos a ese a realizar nuestras gestiones de servicios y programas de beneficio brindados por el gobierno federal y poniéndonos en manos de los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapas que han sido los que mantienen las amenazas de desalojo de nuestras comunidades a pesar de tener más de 50 años en posesión con resoluciones presidenciales”.
Pidieron que “a la brevedad posible la Secretaría de Gobernación intervenga y exhorte a todas las dependencias del gobierno federal, órganos constitucionales autónomos, desconcentrados y organismos descentralizados a que de forma inmediata otorguen servicios públicos de calidad a nuestros asentamientos humanos, especialmente los relacionados con salud, alimentación, educación, infraestructura y seguridad pública”.
Lo anterior, abundaron, “con el fin de no retrasar la prestación de esos servicios públicos a nuestras localidades, ni forzarnos a esperar que se realicen los cambios administrativos correspondientes entre las autoridades locales de los estados de Oaxaca y Chiapas”.
Los pobladores de las 18 localidades afirmaron luego del fallo de la SCJN están dispuestos a integrarse a Oaxaca, “pues lo que más nos interesa es acabar con los pleitos y la incertidumbre jurídica”, pero aclararon que “no estamos dispuestos a abandonar nuestras tierras, ni a ser despojados por alguna autoridad o por otros ciudadanos, ya que nosotros tenemos más de 50 años posesionados pacífica de las propiedades, trabajándolas honradamente, por lo cual merecemos que se respete nuestro derecho y el régimen agrario interno que nosotros mismos elegimos”.
Afirmaron que a la fecha no han recibido respuesta a un oficio que entregaron el 28 de abril a diferentes dependencias “dar solución política” diversas demandas materiales, sociales y comunitarios”.
Señalaron que “el retraso de la respuesta ha provocado un vacío político-territorial en las poblaciones de propiedad social que habitamos en la zona limítrofe, que nos tiene sin municipio al que debamos pertenecer, lo que está provocando falsas expectativas de conquista de nuevos territorios agrarios a razón de una resolución que establece limitas de jurisdicción política entre dos estados y que de manera alguna resolvió conflicto agrario alguno”.
Subrayaron: “Es un hecho notorio que las comunidades vecinas al que debería ser nuestro municipio pretenden invadir con violencia los territorios que ocupamos”.
