Esperanza Arias Vázquez argumentó que la ley no era aplicable al caso porque el ex director de Pemex compró el inmueble en 2013 y el delito no estaba contemplado en la Constitución.
La mandataria dijo que en México ya no hay desapariciones forzadas perpetradas por instituciones del Estado, lo que existe es un fenómeno de desapariciones asociadas a la operación del crimen organizado.