Ciudad de México. Las personas mayores no solo son víctimas de abuso, maltrato, discriminación, violencia y omisión de cuidados, sino también de despojo de sus propiedades, problemas de herencia y hasta de acceso a la justicia, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

En el Conversatorio sobre el abuso y el maltrato a personas mayores destacó que además enfrentan una violencia institucional recurrente, lo que ha llevado a que del primero de enero de 2012 al 9 de junio de este año, se iniciaran 10 mil 801 investigaciones jurídicas y legales.

Las principales instancias involucradas son la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lográndose concluir un total de 9 mil 855, aunque aún continúan en trámite 946, de los cuales un 96 por ciento son de esta administración.

El 12 por ciento de la población del país es persona mayor, dicho porcentaje se duplicó, aunque esta tendencia seguirá avanzando, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar de manera reforzada sus derechos ante prácticas de discriminación y maltrato que padecen.

Indicó que siete de cada 10 personas mayores consideran que no se respetan sus derechos y la familia que debería ser el elemento más protector, ahí también se está generando violencia, aunque no debe criminalizarse, porque el cuidado no debe ser visto como una tarea individual de ellas, sino del Estado.

La coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, Verónica Montes de Oca, destacó que el maltrato y la violencia hacia las personas mayores no es sólo física y directa, sino que se expresa de manera simbólica, sicológica, económica y sexual, pues el edadismo-viejismo se ve como una pérdida de capacidades y no de experiencia acumulada.

María Jiménez Díaz, pedagoga y especialista en el tema de violencia, advirtió que la violencia contra mujeres mayores es mucho más fuerte y frecuente de lo que se piensa, pues pueden estar en riesgo feminicida, pero “hay que poner un foco de atención de qué está pasando en el sector familiar”.

A su vez, el Jefe de Departamento de Desarrollo e Integración del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, José Luis Peralta, destacó que 40 por ciento de este sector en el país reporta que sus derechos humanos se respetan poco o no se respetan nada, aunque 90 por ciento no lo denuncia.

Comentó que, muchas veces a este sector de la población se le arroja a la calle, se les abandona o se les deja en las instituciones públicas, como si fueran parte del mobiliario urbano. “Una buena parte es invisible por su condición de ser mayor”.

Por su parte, el Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital “Adolfo López Mateos”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Carlos Romero Aparicio, afirmó que la población envejecida no debe ser atendida únicamente por geriatras, sino por todo el personal médico y los servidores públicos en general.

Mencionó que, ante la imposibilidad de equiparar la explosión demográfica del grupo etario de 60 años y más, con la formación de médicos, de enfermeros o técnicos especialistas, se apuesta al Diplomado en Gerontología Médica para que en las clínicas y unidades de primer contacto las personas mayores cuenten con la detección y atención especializada, sin esperar a ser canalizados a un hospital de tercer nivel.