Hay riesgo de una afectación a la Hacienda Pública en cuando menos 10 mil millones de pesos en caso que este miércoles la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apruebe el proyecto del ministro Luis María Aguilar en favor de la empresa OBSES de México —ligada a Luis Cárdenas Palomino y al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna—que se benefició en pasadas administraciones de distintos contratos públicos por 281.9 millones de pesos y se ha negado a pagar más de 300 millones de pesos en impuestos, informó en la mañanera presidencial el procurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla.

Se trata del caso de un amparo promovido por la compañía, en la que el representante legal es Gustavo Cárdenas Fuentes —tío de Cárdenas Palomino, colaborador cercano de García Luna, ambos implicados en una red criminal— y que en principio el ministro Aguilar había hasta en tres ocasiones propuso desechar el recurso, pero en mayo pasado sin motivo, cambió el criterio y presentó un nuevo proyecto para favorecer al deudor, lo que se podría traducir en pérdidas de más de 10 mil millones de pesos relacionados en casos similares. El asunto será decidido hoy en la Corte.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Corte a revisar el caso a fondo y no resolver por consigna, o de lo contrario dañarán al fisco. Llamó a la segunda sala a no amparar a la firma representada por el familiar de Cárdenas Palomino, que dejó de pagar más de 300 millones de pesos en impuestos, en caso que la segunda sala le conceda el amparo. 

Tras la presentación del caso por parte del titular de la Procuraduría Fiscal, el mandatario subrayó que “dicho sea de paso, porque debe saberse, el ministro Aguilar es del bloque conservador. Ya basta con la simulación”. 

Con base en la información presentada por Medina Padilla, el jefe del Ejecutivo detalló que los días 10 de agosto y 13 de octubre del año pasado, y el 19 de abril de 2023, el ministro ponente presentó sendos proyectos en los que se desechaba el recurso promovido por Cárdenas Fuentes. Sin embargo, ¿quién sabe bajo qué circunstancia?, después de estos tres proyectos, él cambia y lo que van a discutir hoy ya no es desechar el recurso, sino favorecer al señor Cárdenas Fuentes. Nada más que nos explique. Esto antes pasaba sin que nadie se diera cuenta, ahora no, entonces por eso están molestos, pero como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento”.

Medina Padilla explicó previamente que Gustavo Cárdenas Fuentes ha encabezado diversas operaciones financieras, no sólo en esta empresa sino otras. Y OBSES de México ha sido beneficiaria de distintos contratos por más de 600 millones de pesos en la pasada administración, particularmente con la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, el Servicio de Protección Federal y los gobiernos estatales de Michoacán y Nayarit, por citar algunos, por servicios relacionados a artículos de inteligencia y operación.

El procurador fiscal remarcó que el tío de Cárdenas Palomino ha sido señalado de formar parte de la organización criminal vinculada a su sobrino y a su ex jefe, y a empresas relacionadas con éstos.

Detalló que el asunto inició con una revisión del SAT a las cuentas de Cárdenas Fuentes en 2016, y el investigado interpuso un amparo para impedir que la autoridad fiscal concluyera esta visita de revisión que tiene por objeto determinar si se violó la ley o no, es decir, si se pagaron los impuestos correspondientes o no.

No obstante que el SAT logró acreditar un crédito fiscal, es decir que este abogado dejó de pagar 163 millones de pesos de impuestos desde 2015 y que actualmente serían 342 millones de pesos con las actualizaciones que correspondan, el implicado interpuso el recurso que finalmente llegó a la SCJN.

Los tres proyectos previos, apuntó el procurador, daban la razón al SAT, es decir que Cárdenas Fuentes debía liquidar sus deudas en impuestos. Sin embargo, en mayo pasado el criterio del ministro Aguilar cambió y su nuevo proyecto —que se discute hoy— apunta a conceder el amparo.

Este cambio de criterio no sólo impactaría la deuda por este caso, sino que sentaría jurisprudencia para resolver asuntos similares de otros deudores al fisco, afectando la Hacienda Púbica. 

“Hablamos de miles de millones de pesos, calculamos al menos 10 mil millones de pesasen la afectación de procedimientos que se están integrando actualmente en visitas de verificación, facultades de revisión del SAT más los asuntos que actualmente se dirimen en tribunales federales. La relevancia de este caso no sólo es económica, sino también por la implicación y el contexto de la persona que ha promovido que la justicia lo ampare y a quien hoy el proyecto planteado en la segunda sala pretende conceder el amparo”, declaró el procurador fiscal. 

Recordó que tan sólo la Procuraduría Fiscal tiene más de 20 mil asuntos y de estos entre 2 mil y 2 mil 500 “están vivos y muy activos en los tribunales”.

Agregó que esta decisión se sumaría a otra determinación de la Corte con “un retroceso que tuvimos el año pasado” donde el máximo tribunal determinó declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa como medida para combatir la defraudación fiscal.

“Hoy queremos poner este tema sobre la mesa que requiere de la atención y conocimiento de la ciudadanía. Los recursos públicos que se dejan de percibir no se pueden destinar a salud, escuelas, alimentación o programas de bienestar”.