San Salvador. La Fiscalía de El Salvador confirmó el lunes el archivo de 142 muertes de presos que estaban bajo custodia del Estado y que fueron detenidas en el marco de la política de mano dura del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

Según la tesis del Ministerio Público, los internos fallecieron de causas naturales. La organización no gubernamental Cristosal había denunciado recientemente que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo custodia del Estado durante el estado de excepción vigente en el país desde el 27 de marzo de 2022.

“Llevamos archivados 142 casos que no constituyen delito de acuerdo con las investigaciones. Hemos comprobado científicamente con el auxilio del Instituto de Medicina Legal las causas de las muertes, algunas fueron por enfermedades preexistentes, otras, fueron algún tipo de enfermedad”, manifestó el fiscal general, Rodolfo Delgado, en un programa de entrevistas de la televisión local.

De las 153 víctimas, cuatro son mujeres y el resto son hombres. Según el informe de Cristosal, ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuía cuando fueron detenidos. Del total de personas fallecidas, 139 se dieron en el primer año del régimen de excepción.

El fiscal Delgado descalificó el informe de la organización defensora de los derechos humanos que también revela que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas. Casi la mitad de los fallecidos fueron víctimas de muertes violentas, según la denuncia.

“Los datos de la ONG no son correctos, no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal, sino que señalan algún tipo de médicos y han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica”, renegó Delgado.

El fiscal general aseguró que, para tratar de magnificar las estadísticas de fallecidos, han incluido personas que murieron dentro del sistema penitenciario antes de la entrada en vigor de la medida decretada por el Congreso para combatir as las pandillas.

El estado de excepción aprobado por el Congreso unicameral, tras una jornada con 62 asesinatos, suspende derechos constitucionales, entre ellos, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los cargos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.

Además, amplia de 72 horas a 15 días la detención y permite a las autoridades intervenir correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos. Desde entonces, han aumentado considerablemente las detenciones bajo cargos de asociación ilícita, ya que está restringido el derecho de reunión.