Cuernavaca, Mor. La Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México (NAAME) y la barra de abogados del estado de Morelos solicitó ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno las solicitudes de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y de renuncia inmediata del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros.
Este grupo de abogados, según el presidente de Foro de Abogados Morelenses, se les liga con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, y con la titular de la Secretaría de Seguridad pública del municipio de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, de la administración que encabeza el presidente municipal, José Luis Urióstegui (PAN-PSD).
De acuerdo con la información que difundió el Congreso local fue el presidente de la Junta Política y de Gobierno, Alejandro Martínez Bermúdez, con la diputada Marguis del Rayo y el diputado Julio César Solís los que recibieron las dos peticiones que hicieron los abogados encabezados por Luis Ignacio Reyes Andraca y Alexis Jair Velasco; quienes prometieron regresar el jueves a ratificar dichas denuncias presentadas ante este poder legislativo.
Los abogados, según el Congreso local, se presenta “por acción, omisión, contravención a la Constitución, a las leyes en materia de seguridad pública, desde lo federal hasta lo local, así como la inaplicación y ruptura de los planes, programas, proyectos, así como desvío y/o subejercicio de presupuestos en materia de seguridad”.
Agregaron, según los dichos de los abogados, que los dos servidores públicos han “dado como resultado la ruptura del pacto no sólo federal, sino a la Constitución local, generando graves afectaciones a la vida pública institucional del estado, así como a la paz y armonía de las y los morelenses”.
En esta legislatura, aunque eran mayoría los diputados de la alianza que llevó al gobernador Blanco al gobierno; los propios legisladores de Morena están divididos, y éstos apoyan a los diputados del PAN, PRI, MC y PANAL, quienes encabezan la oposición en este poder y suman 15 votos (de 20 diputados que son) incluidos algunos diputados locales de Morena.
Este grupo de abogados, recalcó Pedro Martínez Bello siempre han tarabajado para el que les pague mejor, y aseguró que “son afines” al fiscal morelense (Carmona), el mismo que dejó el ex gobernador Graco Ramírez desde el 2018 por 9 años en el cargo, para protegerlo después de dejar el cargo. Por lo que trabajadores del gobierno del estado consultados no descartaron que estas solicitudes las esté financiando el fiscal con recursos públicos de la FGE, porque aseguraron que no usa los recursos para procurar justicia. También algunos abogados se “les liga” con diputados de oposición de la 55 legislatura, por lo que consideró Martínez Bello que esta presentación de solicitud de juicio político y renuncia del comisionado “es político”; y no que estén preocupados por la inseguridad pública que opera en la entidad.
Porque si de verdad se preocupan por la seguridad pública se pondrían a trabajar los diputados y el primero que tendrían que enjuiciar o hacer que renuncia sería al propio fiscal morelense Carmona Gándara, “pero ese no lo critican porque les pasa un dinero o porque ha contratado a sus familiares o recomendados en la FGE”, denunció un trabajador de seguridad de estado.
