Fresno y Los Ángeles. Podría ser un cuento en la Biblia: el año pasado en este jardín del Edén, en el corazón agrario de California, la sequía fue tan extrema que los pozos al norte de Fresno se secaron y miles de hogares tuvieron que depender de agua embotellada. La secretaria del Interior, Deb Haaland, visitó la región y declaró que el estiaje era una amenaza existencial a nuestras comunidades y la forma en que vivimos.

Después, al inicio de este 2023, lluvias sin precedente causaron que esos ríos secos inundaran la región –en el pueblo de Planada, cerca de Fresno, la mitad de las casas resultaron destruidas–. Viviendas improvisadas ante la referida emergencia aún son visibles entre los árboles de frutas y las tierras de cultivo irrigadas.

El agua es la fuente de vida de esta comunidad, el líquido precioso que literalmente corre por ríos y canales a través del centro de cada pueblo y comunidad para hacer posible el trabajo agrícola, que produce una cuarta parte de todo el alimento consumido en Estados Unidos.

Pero manejar el agua es cada vez más difícil. Los efectos extremos de los fenómenos meteorológicos resultan en un desfile de funcionarios públicos prometiendo millones de dólares en asistencia que benefician a granjeros, políticos y empresarios, pero la mayoría de los trabajadores que cultivan y cosechan la tierra enfrentan un futuro cada vez más inseguro ya que son migrantes irregulares, muchos de ellos de los estados del Bajío mexicano (Michoacán, Jalisco Guanajuato), Zacatecas y Oaxaca.

En mayo, el Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California en Merced publicó un informe en el que subrayó que, en el pueblo más afectado por las inundaciones, la mayoría de los trabajadores eran indocumentados y, por lo tanto, sin derecho a la asistencia pública. Un residente, Samuel Gómez, comentó al rotativo The Guardian: “No sé si podemos decir que fuimos olvidados… a nosotros nunca nos han contado”.

Migrantes sin papeles dicen que ni fueron alertados por las autoridades sobre la inminencia de las anegaciones.

Sin duda, como siempre pasa, los residentes del valle que han sido más golpeados, damnificados, desplazados por la sequía, primero, y ahora por las inundaciones, son los pobres del campo, las familias migrantes que no tienen papeles, explicó Samuel Orozco, director de noticias de Radio Bilingüe, quien ha vivido en este estado los 40 años pasados. Agregó, en entrevista con La Jornada, que están privados por ley de la ayuda federal para desastres, y aunque pudieran tener acceso a servicios o apoyos estatales y locales, muchos se abstienen de pedirla por temor a meterse en líos, a ser considerados carga pública, o simplemente porque no saben cómo navegar en el mar de requisitos del sistema.

El Valle Central, de unos 724 kilómetros de largo por 80 kilómetros de ancho, ocupa uno por ciento de toda la tierra agraria de Estados Unidos, pero produce 25 por ciento de los alimentos del campo que abastecen al país. Donde fluye agua, se cultiva almendra, uvas, fresas y aguacate, pero donde no, la tierra seca es tan dura como piedra. Y aunque la comunidad ha padecido extremos de sequía e inundaciones, los indicadores son que el agua está desapareciendo de esta región.

Tenemos una crisis plena, afirmó Jay Famiglietti, profesor dehidrología y director ejecutivo delInstituto Global de Seguridad del Agua, en una entrevista con el rotativo Los Ángeles Times en diciembre. “El agua subterránea de California y la que circula desde el suroeste de Estados Unidos está desapareciendo mucho más rápido de lo que se imagina la gente… La trayectoria en que estamos hoy es una en donde desaparecerá el 100 por ciento”.

California ha promulgado una serie de leyes y ha establecido comisiones para manejar el uso de los recursos hídricos, pero la demanda de granjeros por más presas también está presionando al gobierno. Construyan más presas, hagan grande a California otra vez, dice un anuncio que se repite en las rutas viales del valle, eco de la consigna de Donald Trump.

Un estudio publicado este año por el Public Policy Institute de California concluyó que en los próximos 17 años, casi 364 mil hectáreas de tierras agrarias podrían perderse junto con 50 mil empleos en el campo, ocupados en su mayoría por migrantes, sobre todo mexicanos, quienes ya han tenido que abandonar sus tierras de origen una vez, y ahora podrían tener que mudarse de nuevo para buscar nuevos empleos y establecer nuevas comunidades para sus familias.