Washington. La acusación formal contra Donald Trump por cargos de manejo indebido de documentos clasificados en su mansión de Florida ha renovado la atención sobre uno de los casos más notables en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los cargos federales representan el mayor riesgo legal para Donald Trump hasta el momento, y se producen menos de tres meses después de que fuer acusado en Nueva York por 34 delitos graves de falsificación de registros contables.

A continuación un vistazo a los cargos, a la investigación del fiscal especial y a cómo el caso de Trump es distinto al de otros políticos a los que se les ha encontrado en posesión de documentos confidenciales.

¿Cuáles son los cargos?

Trump ha sido acusado con siete cargos relacionados con el manejo indebido de documentos confidenciales, según dos personas al tanto de la acusación formal pero que no estaban autorizadas a tocar el tema de manera pública. En sí, los cargos siguen sin estar claros y permanecen bajo precinto, dijo una de las fuentes.

El ex mandatario anunció este jueves en su red social Truth Social que los abogados del Departamento de Justicia le habían informado a su equipo legal que había sido acusado formalmente. Señaló que deberá comparecer ante un tribunal de Miami la tarde del martes.

De momento se desconoce si alguien más enfrentará cargos relacionados con el caso.

¿Cómo es que surgió el caso?

Funcionarios de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) se pusieron en contacto con representantes de Trump en la primavera de 2021, cuando se dieron cuenta de que hacían falta documentos importantes de su tiempo como presidente.

Según la Ley de Registros Presidenciales, los documentos de la Casa Blanca son considerados propiedad del gobierno federal y deben ser preservados.

En diciembre de 2021, un representante de Trump le respondió a los Archivos Nacionales que se habían localizado expedientes presidenciales en Mar-a-Lago. Un mes después, los Archivos Nacionales recuperaron 15 cajas con documentos de la mansión del ex mandatario en Florida, informándoles posteriormente a funcionarios del Departamento de Justicia que contenían “una gran cantidad” de material clasificado.

En mayo de ese año, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Justicia emitieron una citación para obtener los documentos clasificados faltantes que se encontraban en posesión de Trump. Los investigadores que visitaron la propiedad de Trump semanas más tarde para recolectar los archivos recibieron alrededor de una treintena de documentos y una declaración jurada de los abogados de Trump en la que se afirmaba que se había devuelto la información solicitada.

Pero dicha afirmación resultó ser falsa. Los agentes federales regresaron a Mar-a-Lago en agosto de 2022 con una orden de allanamiento e incautaron más de 33 cajas y archiveros con 11 mil documentos que se encontraban en una sala de almacenaje y una oficina, entre los cuales había 100 documentos clasificados.

Desde que Trump dejó la presidencia en enero de 2021, se han recuperado alrededor de 300 documentos con sellos de confidencialidad, incluidos algunos considerados ultrasecretos.

¿Cómo se involucró a un fiscal especial?

El año pasado, el secretario de Justicia Merrick Garland designó a Jack Smith — un experimentado fiscal de crímenes de guerra con antecedentes en pesquisas sobre corrupción pública — para encabezar las investigaciones sobre la presencia de documentos confidenciales en la finca de Trump en Florida, así como aspectos clave de otra pesquisa en torno a la insurrección de 6 de enero de 2021 y las labores para anular las elecciones de 2020.

Con la designación de Smith, Garland reconoció el aspecto político de investigar a un ex presidente y actual aspirante a la Casa Blanca. El mismo Garland fue seleccionado al cargo por el presidente Joe Biden, a quien Trump busca enfrentarse en los comicios generales de 2024.

Los fiscales especiales se asignan en casos en los que el Departamento de Justicia percibe que tiene un conflicto o donde se considera que es de interés general que una persona ajena al gobierno intervenga y asuma las responsabilidades del asunto.

Según el Código de Regulaciones Federales, un fiscal especial debe tener “una reputación de integridad y decisiones imparciales”, además de “un conocimiento informado de la ley penal y las políticas del Departamento de Justicia”.

¿Qué es un encausamiento?

Es un cargo formal presentado en contra de alguien después de que un jurado investigador — el cual está conformado por miembros de la comunidad — lleva a cabo una votación en la que suficientes miembros coinciden en que hay evidencia suficiente para acusar a alguien de un crimen.

El encausamiento contra Trump continúa bajo precinto. Pero una vez que el documento se haga público, detallará el delito o los delitos de los que se acusa a Trump. En ocasiones los encausamientos incluyen una larga narrativa con muchos detalles sobre las acusaciones, mientras que otros son más básicos y sólo describen los cargos que el acusado enfrenta.

¿Acaso Biden y el ex vicepresidente Mike Pence no tenían también documentos clasificados?

Sí, pero las circunstancias de sus casos son muy distintas a la situación que involucra a Trump.

Después de que se descubrieron documentos clasificados en una oficina de Biden y en la residencia de Pence en Indiana, sus abogados notificaron a las autoridades y rápidamente se organizó su devolución. También autorizaron que las autoridades federales llevaran a cabo otras inspecciones en busca de más documentos.

No hay indicios de que ninguno de ellos estuviera al tanto de la existencia de los documentos antes de que fueran descubiertos, y hasta el momento no ha surgido evidencia de que Biden o Pence intentaran ocultar sus descubrimientos. Eso es importante porque, históricamente, el Departamento de Justicia busca disposición al momento de decidir si presenta o no cargos penales.

A principios de este año se designó a un fiscal especial para investigar cómo es que los documentos confidenciales terminaron en la oficina o en la residencia de Delaware de Biden. Pero incluso si el Departamento de Justicia determinara que el caso de Biden es procesable basándose en la evidencia, su Oficina de Asesoría Jurídica ha llegado a la conclusión de que un presidente es inmune a un proceso legal durante su gobierno.

En lo referente a Pence, el Departamento de Justicia le informó a sus abogados a principios de este mes que no buscaría cargos penales en su contra por su manejo de los documentos.