Ciudad de México. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación por la presunta ejecución de cinco personas por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo.

Si bien reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara en su conferencia matutina que una acción como ésta “no se puede permitir”, instó a las autoridades civiles competentes a asegurar una investigación “independiente, efectiva y exhaustiva, que incluya la cadena de mando para poder conocer la verdad de lo sucedido y sancionar a todos los responsables por acción u omisión".

En un video difundido ayer, se observa cómo después de que una camioneta choca contra un muro, los soldados que les dieron alcance, bajan, desarman, les quitan los chalecos antibalas, golpean y someten a los cinco civiles que viajaban en el vehículo.

Minutos después se aprecia que los militares simulan estar en un enfrentamiento al hacer detonaciones hacia diferentes zonas sin que se observe si son agredidos por alguien, lo que aprovechan para disparar a los sujetos sometidos.

En redes sociales la ONU-DH México indicó que la sanción, rendición de cuentas, mecanismos de control efectivos y acceso a información son elementos claves para prevenir la reiteración de hechos similares.

Insistió en la necesidad de que se ajuste la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad a lo prescrito por los estándares internacionales de derechos humanos.

Por su parte, Amnistía Internacional México y el colectivo Seguridad sin Guerra expresaron también su preocupación por el “clima de impunidad en el que operan actualmente las fuerzas armadas” en el país.

Indicaron que los hechos de Nuevo Laredo no pueden entenderse de forma aislada, “sino que reflejan los procedimientos con los que las Fuerzas Armadas han actuado en los últimos 16 años en México al realizar funciones de seguridad pública que le corresponden a autoridades civiles”.

La “impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas de las instituciones castrenses no disminuirán si no se implementan medidas serias y efectivas para su fiscalización y supervisión democrática”, sostuvieron.

Reiteraron que continuarán exigiendo el retiro de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública, el fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de seguridad civiles y la subordinación del poder militar al civil.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos coincidieron en que lo sucedido en Nuevo Laredo no es aislado y debe ser investigado.