Tizatuca, Hgo. Sin el apoyo de las empresas de autobuses que operan en la región, conductores de taxis y combis así como cinco escuelas de Tizayuca iniciaron un paro indefinido de actividades a partir de este miércoles tras el homicidio de Rafael Soto Gutiérrez operador de una unidad de trasporte público la tarde del martes perpetrado por presuntos extorsionadores del grupo delictivo "Hijos del Diablo" (HDD).
De acuerdo al Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, se calcula que son cerca de 200 unidades, entre taxis y combis que este miércoles dejaron de prestar servicio en la región de Tizayuca.
A pesar de que en diciembre de 2022 un chófer de Ómnibus de Tizayuca (ODT) fue asesinado a balazos por presuntos extorsionadores al momento en que manejaba un autobús lo que originó la decisión de los conductores de esa empresa a suspender el servicio por varios días, lo cual hicieron también dos meses después los de otras compañías, esta vez no han hecho ningún pronunciamiento de solidaridad a sus compañeros taxistas y operadores de combis y laboran con total normalidad.
Para apoyar a los chóferes en paro, algunas asociaciones civiles de Tizayuca han iniciado la recolección de comestible para armar despensas las cuales entregan en las bases o sitios de las unidades de transporte.
Santiago Nieto Castillo, encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) abordado al término de una reunión con la alcaldesa de Tizayuca, informó que se han iniciado tres carpetas de investigación por los actos delictivos que se han perpetrado contra los transportistas.
Las carpetas siguen tres líneas de investigación, la primera por lesiones ocasionadas por arma de fuego contra un taxista;la segunda por el homicidio de Rafael Soto Gutiérrez y la tercera por los casos de extorsión de delincuentes que usan números celulares para amenazar y exigir dinero a los operadores.
Por ello, según Nieto Castillo la Unidad de Combate al Secuestro realiza diversas investigaciones relacionadas a los números telefónicos usados por los extorsionadores.
También hay paro de actividades en cinco secundarias acordada por los directivos y comités de padres de familia de esos centros escolares se determinó tanto por la falta de servicio de taxis y combis como para garantizar la integridad física de los alumnos ante la posibilidad de atentados contra los pasajeros.
Ante esta situación, la noche del martes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a través de un comunicado hizo un llamado al gobierno del estado y a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo a garantizar la seguridad en Tizayuca a salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y de la comunidad educativa de todos los niveles escolares y apoyo para el resguardo de los planteles.
Los centros escolares que suspendieron sus actividades son las secundarias Generales Número cuatro Arnulfo Pacheco Cruz así como la cinco Antonio Quadrini de Palma y la Maestro Justo Sierra.
También la secundaria técnica 50 Armando Soto Basurto, en ambos turnos y cuyos alumnos trabajarán a distancia.
La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo (SEPH), no ha brindado una postura oficial con respecto a esa determinación de los directivos de esos centros escolares.
Extorsiones a transportistas de Tizayuca desde 2017.
Tanto chóferes de taxis, combis y autobuses entrevistados por La Jornada coincidieron en señalar que aparte de las bandas de asaltantes que abundan en esa región, en Tizayuca entre 2017 y 2018 surgieron organizaciones delictivas aún más peligrosas dedicadas a la extorsión y al secuestro.
Estas bandas operan desde Hueypoxtla, Zumpango, Tecámac (particularmente en la localidad de Ojo de Agua) así como en Tizayuca, Hidalgo así como en las inmediaciones del metro Martín Carrera en la alcaldía de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.
Bajo la amenaza de asesinarlos, por medio de llamadas telefónicas los delincuentes les imponen "cuotas" diarias que fluctúan entre los
400 a 600 pesos diarios.
Si hay atrasos en el pago de la extorsión, los delincuentes perpetran asaltos a los pasajeros y golpean a los chóferes a quienes cobran "intereses" por las "cuotas" atrasadas.
Para hacer más efectiva la extorsión, los delincuentes investigan donde viven y quienes son los familiares de los operadores de transporte público.
En el caso de los HDD, exigen a los líderes de taxistas y representantes de líneas de combis reunirse con ellos para acordar monto mensual de la "renta" de piso, es decir, dejarlos trabajar.
