Un grupo de intelectuales y dirigentes políticos –entre ellos Noam Chomsky– suscribieron una carta mediante la cual advierten que se gesta un golpe de Estado blando en Colombia, organizado por los poderes tradicionales de ese país con la finalidad de revertir la voluntad popular.
Manifestaron su solidaridad con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quienes encabezan el primer gobierno progresista del país, quienes desde que fueron elegidos por el pueblo colombiano enfrentan a las “fuerzas conservadoras” que buscan “restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado”.
Señalaron que el objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían "paz total" al país.
“A menos de un año de la toma de posesión de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”, se advierte en la carta firmada por Ada Colau, Yanis Varoufakis, Gleisi Hoffman, Adolfo Pérez Esquivel y Ione Belarra
La misiva también fue suscrita por José Luis Rodríguez Zapaterp, Rafael Correa, entre otros, a fin de articular expresiones de solidar internacional en respaldo al gobierno popular y en rechazo al “método antidemocrático golpe blando”.
Por tal razón, urgieron “al pueblo colombiano y a los aliados de la democracia de todo el mundo a oponerse a estas infames tácticas e impedir el avance de un golpe blando en Colombia."
Desde la Procuraduría General y la Fiscalía General de la República respectivamente, Margarita Cabello y Francisco Barbosa están persiguiendo activamente a los representantes del Pacto Histórico que pueden resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas como Alex Flórez y Alexander López, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, la representante Susana Gómez, la senadora y líder negociadora de paz, María José Pizarro —e incluso el propio Presidente Petro.
En el caso del senador Wilson Arias, por ejemplo, Cabello —estrecha aliada del ex presidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque— abrió un proceso disciplinario contra el senador por el “delito” de pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021: “una violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos”.
Entretanto, generales y coroneles en retiro y reservistas miembros de las fuerzas militares colombianas no sólo han proclamado su oposición al presidente Gustavo Petro, sino que incluso han marchado frente al Congreso para llamar a un golpe de Estado contra su gobierno, advirtieron los promotores de la carta.
