Ciudad de México. Organizaciones de derechos humanos y personas defensoras reprobaron las declaraciones vertidas desde el gobierno federal sobre el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al afirmar que no ha callado ante otras violaciones cometidas en sexenios anteriores, “por supuestas filiaciones partidistas”, ni tampoco busca el fracaso de la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de un pronunciamiento firmado por más de 85 organizaciones civiles de 23 entidades del país como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Casa del Migrante Saltillo, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos subrayaron que las acusaciones efectuadas en las conferencias matutinas del 30 y 31 de mayo, así como del 1 de junio hacia al Centro Pro “son desafortunadas y no son ciertas, desinforman y desprestigian la labor de estas agrupaciones”.
Además, alertaron que este tipo de declaraciones coloca a estas organizaciones en una situación de mayor riesgo, por lo que lamentaron que en la actualidad “las violaciones a derechos humanos en el país persistan y no han dejado de suceder, pues las instancias de gobierno encargadas de revertir dicha problemática no han hecho suficiente para revertir las condiciones que detonaron dicha situación”.
En este pronunciamiento señalaron que el Centro ProDH ha sido un defensor y promotor de los derechos humanos durante 35 años, por lo que no ha dejado de acompañar a las víctimas, exigir y proponer acciones para revertir las condiciones de violencia y crisis de derechos humanos que persisten en el territorio nacional.
Recordaron casos que ha defendido y han generado pautas para el acceso a la justicia como el de los campesinos ecologistas, las mujeres de Atenco y el cuartel militar en Xochimilco. Además de que “ha denunciado la militarización y la violencia propiciada por la denominada ‘guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón”, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto documentó la masacre de Tlatlaya y representó a las familias de Ayotzinapa.
Por lo anterior, demandaron voluntad política para investigar y enjuiciar a quienes “históricamente continúan ostentando el poder y sobre quienes hacen uso de este para denostar, desprestigiar y desviar la atención de los verdaderos problemas que vive el país”.
“Desde las organizaciones de la sociedad civil, colectivos/as que defendemos derechos humanos, seguiremos abiertos a mantener el diálogo y realizando acciones que promuevan la paz, a favor de las víctimas y por el respeto de los derechos de todas y todos”, concluye el pronunciamiento.
