Ciudad de México. Aun cuando han pasado 14 años del incendio en la Guardería ABC que dejó 49 niños muertos y poco más de un centenar con lesiones, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en “etapa complementaria” la investigación por los hechos, donde hay dos ex funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo proceso penal.

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes se presentó un informe sobre los avances en las reparaciones del daño a las víctimas directas e indirectas de esa tragedia —que se dio durante el sexenio de Felipe Calderón, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009—, en el que se prevé que este año se cierre el capítulo de reparaciones integrales.

Interrogado sobre si hay sentencias por el caso, el director general del IMSS, Zoé Robledo, comentó que hay dos personas vinculadas a proceso, Sergio Antonio Salazar Salazar y a Carla Rochín Nieto, quienes en la época de los hechos ostentaban los cargos de Director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente.

“Están las dos personas vinculadas a procesos, pero todavía está en etapa complementaria la investigación por parte de la FGR”, apuntó el funcionario federal.

Indicó que el actual gobierno federal da seguimiento a la denuncia por estos hechos presentada ante la Fiscalía el 12 de febrero de 2020 para que se indagara a todos los posibles involucrados, incluidos los que hasta ese momento no habían sido requeridos.

En noviembre de ese mismo año, agregó, fueron detenidos Salazar Salazar y Rochín Nieto. Sin embargo, actualmente la causa penal se encuentra en etapa complementaria por parte de la fiscalía.

“Esta nueva denuncia y las otras hechas a funcionarios del orden estatal tiene que ver con el voto en minoría que se presentó en la Suprema Corte, en la última ocasión que llevaron a cabo una atracción para investigación, facultad que ya no tienen actualmente, pero que hablaba de un desorden generalizado no sólo en la supervisión, sino también en la forma cómo se habían entregado las guarderías: sobreponiendo el interés económico sobre la protección de la niñez. Se retomó ese voto en minoría, para integrar esta denuncia que está en proceso, que hay llevado a proceso a dos personas, y se le sigue dando seguimiento en la FGR”, señaló Robledo.

Recordó que a partir de las reuniones que el presidente López Obrador tuvo con las madres y los padres de las víctimas, en junio de 2019, se hicieron modificaciones al decreto de diversas exposiciones para ayudas extraordinarias, que incluye la homologación de medidas económicas vitalicias, atención garantizada en el IMSS o subrogada vitalicia, entre otras.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, refrendó el compromiso y solidaridad de la administración federal para con los familiares de las víctimas, los pequeños sobrevivientes; y garantizó que se trabaja para que haya justicia y se castigue a los responsables.

En la atención a las víctimas directas e indirectas, indicó que se tienen 236 persianas con calidad de víctima, 16 por ciento de ellas directas, los 49 niños fallecidos, 104 niños lesionados, 783 personas que comprenden a padres, hermanos, hermanos de segundos matrimonios y núcleos extendidos.

Sobre la reparación integral, dijo, se brinda a través de cuatro componentes: dos por la Secretaría de Gobernación, desde la Unidad de Defensa y Protección de Derechos Humanos y por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); al igual que por el gobierno de Sonora y el IMSS.

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos ha erogado pago por reparación a 142 personas, la CEAV ha emitido 327 resoluciones en favor de los núcleos primarios de 144 víctimas directas al tiempo que se brindan servicios de psicología, atención médica y trabajos social.

“Todas las víctimas directas cuentan con una forma directa de reparación”, señaló Encinas.

El gobierno de Sonora brinda estímulos educativos 285 jóvenes que están estudiando.

El IMSS, en tanto, cuenta con un fideicomisos de medidas o ayudas becas para educación, medidas vitalicias, pago de energía eléctrica, seguro salud a familia y medidas equivalentes y toda la atención médica y salud que se presenta de manera directa o subrogada

“Como lo ha señalado el presidente de la República, no hay limitación ni restricción alguna en materia de recursos para atender esta situación, y esperemos que este mismo año ya cerremos el capitulo que corresponde a reparaciones integrales, independientemente de las medidas de carácter permanente que por decreto emitido por el presidente de la República se cumplirán de manera puntual para todas y cada una de las víctimas que están consideras”, refirió el subsecretario.