Ciudad de México. Un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento emitió un fallo de condena contra los policías Antonio Cruz Hernández y Jorge Sequera Hernández, por el delito de secuestro agravado en perjuicio de René Vallarta Cisneros, fijando para el 13 de junio la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
Al término de la audiencia, el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera explicó que dicha sentencia fue por los hechos ocurridos en el taller mecánico de su representado el 12 de enero del año pasado, cuando cinco policías lo subieron a una patrulla; lo amagaron con un arma; y lo amenazaron con fabricarle un secuestro, sin que mediara orden de aprensión o que existiera flagrancia.
Al día siguiente de los hechos, recordó, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, “trató de justificar los hechos, señalando que los elementos habían actuado en atención a que supuestamente el señor René había cometido un delito sexual”.
Con diversas pruebas, sin embargo, se demostró que la acusación era falsa, y los elementos de la SSC “habían secuestrado al señor René Vallarta, por lo que el Tribunal dio mayor valor probatorio al testimonio de la víctima y a los videos que presentó del hecho delictivo”, explicó.
Destacó que, se acreditó que los sentenciados privaron de la libertad al señor Vallarta, aunado a que “lo hicieron entre cinco personas; sin causa justificada, con el ánimo de causarle un daño; y siendo éstos elementos activos de la policía capitalina”.
La familia Vallarta “ha sido criminalizada por ciertos grupos de la sociedad durante tres sexenios, sin que a la fecha se haya reivindicado su imagen pública”, afirmó el abogado del despacho Pérez Rivera, Salas & Peña Defensa Legal.
Señaló que, aunque para la familia Vallarta es un paso hacia la justicia, aún quedan asignaturas pendientes para las autoridades capitalinas como el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por estos hechos, el cual debe ser resuelto por la Contraloría de la Ciudad.
Además está pendiente una orden de aprehensión y la identificación de todos los responsables de los hechos, donde la Fiscalía General de Justicia no ha reportado avances, a pesar de la información aportada por la víctima y su representación legal, denunció.
Mencionó que, “detener a alguien sin orden de aprehensión o sin que exista flagrancia es constitucionalmente inadmisible, pero cuando esto lo hace la policía, es un crimen”.
